Se unificaron dos proyectos al respecto uno de autoría de la diputada Emilia Figueroa (Rosario de la Frontera-Bloque Gustavo Sáenz Conducción) y de su par Alejandra Navarro (Anta-PV)
Sse declara de interés provincial la protección de la vida y la salud del personal del Sistema de Salud Provincial tanto en el ámbito público como privado, de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19.
A un mes de la promulgación de la ley nacional que se sancionó en homenaje a Silvio Cufré (primera víctima de la salud por coronavirus en provincia de Buenos Aires), la Cámara baja salteña dispuso su adhesión atendiendo a la necesidad del otrogamiento de recursos para afrontar el pico de la pandemia en Salta, considerando las falencias existentes en el caso que se acrecienten los casos como está ocurriendo en provincias vecinas y en la frontera que tiene Salta con Bolivia y Chile.
Este programa de protección al personal de la salud ante la pandemia de COVID-19 alcanza a todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de tests, y/o atención y tratamiento de coronavirus.
Diputados consideran que el Senado debe actuar con urgencia y dar sanción definitiva a esta ley.
Aporte económico a huérfanos
En la sesión de la víspera se dio, además, media sanción a la ley de autoría de la diputada Silvia Varg (Capital-Salta tiene Futuro) que crea el Régimen de Contención Económica Complementario al Régimen de Reparación Económica establecido por la Ley Nacional 27.452 (Ley Brisa), para niños, niñas y adolescentes cuyo progenitor -madre o padre- haya sido imputado como autor, coautor, cómplice o instigador del delito de homicidio del otro progenitor.
La legisladora señaló que este aporte económico de la Provincia comenzará a regir al momento de la imputación, por lo que cubre esa asistencia hasta la condena. La ley nacional establece aplicar esa reparación económica una vez que comience la condena.
Remarcó que esa es la diferencia y se cubre con ello ese período para no dejar desamparados a los huérfanos que surgen a raíz de los hechos de violencia de género.
Tras el apoyo unánime a la iniciativa que lleva la firma de otros diputados, el proyecto pasará ahora en revisión a la Cámara de Senadores.
