No obstante, en un marco de tensión social con pocos precedentes, desde la Cámara de Senadores informaron que no se descartaba la posibilidad de que el mismo fuera presentado sobre tablas, con lo cual, y siguiendo los posicionamientos esgrimidos por la Cámara Baja, el proyecto de autoría de las diputadas Cristina Fiore y Socorro Villamayor podría convertirse hoy en Ley.
Los puntos que presentan mayor polémica están vinculados a los alcances de esta suerte de “protocolo”, que a entender de parte del arco político, pero por sobre todo referentes de Derechos Humanos -teniendo en cuenta los reclamos de autoconvocados docentes y de salud-, promueve un cercenamiento de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Buscan optimizar la Ley de protección de violencia de género
A ocho años de la sanción de la Ley Provincial Nº7.888, de Protección contra la violencia de género, el Senado a través de la Comisión especial de la Mujer, Género y Diversidad, planteó la necesidad de realizar una profunda revisión con vistas a lograr su optimización y su adecuación a la realidad que presenta este flagelo en la actualidad, y en el marco de un año más de la conmemoración de #NiUnaMenos.
Para ello tomó como base un Proyecto que impulsa una amplia modificación de la Ley 7.888, presentado a fines del año pasado y que se buscará enriquecer con el aporte de los diferentes sectores involucrados en la problemática, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, de Desarrollo Social, Salud Pública, Seguridad, Secretaría de las Mujeres y colegios profesionales.
Así, se realizó una primera ronda de trabajo, presidida por la senadora Sonia Magno, que contó con la participación de los legisladores Carlos Rosso, Manuel Pailler, Esteban D’Andrea y Carlos Ampuero, de la Dra. María Carolina Cáceres Moreno, titular del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nº3 del distrito Centro, de la licenciada Natalia Fuentes y de la Dra. Pilar González Sastre, en representación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
En ese marco, los presentes trazaron un diagnóstico sobre la aplicación de la Ley, coincidiendo en que la dinámica social demanda ajustes y actualizaciones, dado que hoy los diversos recursos que dispone el Estado se concentran en el inicio de las denuncias y no sobre la continuidad del proceso, lo que en muchos casos ocasiona la revictimización del denunciante.
