Y es que las entidades de campesinos y pequeños productores habían obtenido el compromiso de Miguel Calabró, impulsor de la iniciativa, que la prórroga sería por cuatro años.
El Proyecto de Ley con media sanción modifica el artículo 9° de la Ley 7.658, Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia Para Pequeños Productores Agropecuarios Y Familias Rurales. De esta forma se suspende hasta el 31 de diciembre de 2.024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial.
Al ser consultado por el plazo de la prórroga, el legislador caldereño sostuvo que: “Yo quería que se prorrogue por tres años, pero los argumentos de la Unidad Ejecutora y de algunos senadores es que los productores están un poco dormidos, esto es que no están cumpliendo con los pedidos y demás; entiendo que a veces se confían en la prorroga y no, la idea es que se prorrogue solo por un año”
Luego agregó; “Pónganse las pilas y aprovechen lo que les está dando la Provincia con la creación de esta unidad”.
Daniel Burgos, referente de la Asociación Guardianes del Monte, si bien destacó que Calabró fue el único que atendió la demanda de las organizaciones ante el vencimiento de la prórroga, señaló que le pidieron ser convocados cuando se tratara el proyecto.
“No nos dieron la oportunidad de explicar, porque se llevan por lo que dicen las autoridades, y no por los verdaderos damnificados, que somos los criollos y familias campesinas”, dijo. “Valoramos que sin ser del departamento haya hecho las gestiones. Los grandes responsables son Mashud Lapad y Hernández Berni que son de la zona”, agregó.
Desconfianza en el monte
Daniel Burgos, referente de la Asociación Guardianes del Monte, indicó que el campesinado del chaco salteño desconfía de la intervención del Estado para frenar los desalojos.
“Ellos nos dicen que iniciemos juicio veinteañal, pero no nos dan las herramientas. No hay antecedentes de familia campesina que haya ganado”, aseguró,.
“Sería distinto si con un asesor oficial podríamos iniciar juicio estamos dispuestos a hacer los juicios”, dijo
Por último remarcó que la Unidad Ejecutora apunta a regularizar la situación de los terrenos fiscales y no los litigios con los titulares registrales.
“No le pone ganas a solucionar las sentencias de desalojo”, agregó.
