El proyecto se origina de parte del senador Miguel Calabró y prevé que cuando se trate de obra pública nacional, provincial o municipal, el estado deberá depositar el 0,3% del monto del contrato o el 10% del Proyecto Ejecutivo de la Obra, cuyo destino es el fondo de reserva del sistema de previsión.
Este proyecto solo alcanza a las licitaciones que se realicen con privados, ya que si la obra se realiza con profesionales en relación de dependencia con el estado, el canon no deberá pagarse.
Algunos legisladores consideran que el proyecto es un principio que puede encarecer la obra pública, por lo que se mostraron en contra, mientras que un sector se posicionó a favor de COPAIPA, que es la entidad que viene insistiendo con la aprobación de la iniciativa.
En concreto hay dos dictámenes, uno por la mayoría firmado por los senadores Calabró, Dani Nolasco (La Poma), Jorge Soto (La Viña) y Mashur Lapad (Rivadavia); y uno por la minoría que firmaron Emiliano Durand (Capital), Javier Mónico (Rosario de la Frontera) y Walter Wayar (Cachi).
El inciso d), del proyecto establece además que el comitente y el contratista deberán aportar el 10% de cada uno de los afiliados contratados para cualquier tipo de trabajos profesionales. “La modificación implica sacar recursos de particulares para una caja privada, con eso deja de circular una economía”, consideró el senador Mónico en diálogo con FM Ya (91.3).
Otra modificación es en el inciso c), modificando el porcentaje de aporte de los afiliados de un 1,5% a un 3.5%. En ese punto, Mónico también planteó su disidencia: “¿Por qué tenemos que hacer un incremento por ley a los afiliados? Me parece que no tiene sentido ni es acorde al espíritu liberal de estas profesiones. Hay que dejar establecido que en sus asambleas y con el voto se debe definir el aporte de cada uno”, dijo.
El proyecta se trata por parte de la Cámara Alta y los legisladores deberán definir a que posición acompañar.
