Se trata de un ente similar al de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que tendrá a su cargo la planificación, organización, actuación, regulación, fiscalización y control, de la prestación del servicio público propio e impropio de transporte de pasajeros con alcance en el servicio en poblaciones de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. El proyecto indica que la ANT estará integrada por los municipios Profesor Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, General Mosconi, General Ballivián, Embarcación, San Ramón de la Nueva Orán, Urundel, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur y Santa Victoria Este.
La iniciativa tiene por autores a los diputados Franco Hernández y Jorge Restom. (San Martín y ambos del Bloque Todos).
La finalidad de crear la Autoridad Norteña de Transporte es contribuir a brindar a la comunidad un sistema de movilidad sustentable o sea un sistema de transporte urbano e interurbano eficiente, económico, seguro y subordinado al planeamiento del desarrollo de la Región Norte de la Provincia y a las normas de política ambiental nacional y provincial. Su creación significa una respuesta eficaz a la necesidad de planificar y coordinar el transporte e infraestructura de la región como jurisdicción única. La organización institucional del transporte interjurisdiccional presenta un cuadro complejo en el que coexisten atribuciones de distintos niveles del Estado, aun dentro de una misma jurisdicción.
Informe sobre inversiones
En base a un Pedido de Informe de la diputada provincial Sofía Sierra (Capital-PRO) el ministerio de Economía -a cuyo frente se desempeña Roberto Dib Ashur- deberá remitir todos los detalles referidos a inversiones financieras del Estado Provincial.
La legisladora arrancó el año legislativo, fiel a su rol opositor con esta solicitud de informe que alcanza a los ministerios y organismos descentralizados.
Solicita datos de los depósitos en plazo fijo, fondos de inversión, etcétera).
El pedido a Dib Ashur, contempla se brinde el detalle de las normas que autoricen a las reparticiones a realizar inversiones por sí mismas.
También la descripción de los mecanismos de control implementados por el Ministerio de Economía.
Por último, se requiere el detalle de todas las inversiones financieras actualmente vigentes, con indicación de su fecha de realización o constitución, monto de capital, plazo, interés pactado, nivel de riesgo y entidad financiera involucrada.
La legisladora destacó la necesidad de que este tipo de inversiones, en caso de ser necesarias para resguardar los fondos de los efectos inflacionarios, se realicen con fundamento en normas expresas habilitantes, con intervención o un monitoreo adecuado del Ministerio de Economía, y con la debida publicidad. Fuera de ello anunció, además, que requerirá informes específicos sobre este tema a distintas entidades descentralizadas.
