En ese marco, quedó también ex profeso la peligrosidad de estas avanzadas, que lejos de ser casuales, pasan a ser causales (véase Ley Antipiquetes, devenida en "Convivencia) dejando expuestos claros objetivos: el de acorazar al poder real por un lado, y aun más grave, el de silenciar la libertad de expresión, y en este caso, un paso más allá, a la de la prensa.
Así es como arranca esta historia, cuyo epílogo nace enmascarado en una iniciativa que busca legislar sobre las problemáticas de identidad digital, y la prevención del escrache en redes sociales. De este modo, se presentaron cuatro artículos para incorporarse en el Código Contravencional de la provincia: uno de ellos el art. 50, bien agazapado, apunta a legislar sobre las denominadas "fake news", pero la propuesta decide ir por más, y estipula una sanción, y hasta pena de cárcel para quien "crea noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas, autoridades o funcionarios provinciales", abriendo con esta última parte, todo un capítulo de discusión sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa; además del obvio blindaje a los funcionarios en todos sus estratos.
Capítulo aparte, pero no menos importante, el innecesario esfuerzo denodado en un planteo sobre una legislación de la que actualmente se ocupan nuestros representantes nacionales, con la Ley Olimpia sobre violencia digital, pudiendo dirigir todas esas energías a otras necesidades realmente urgentes. Ni hablar del carácter inconstitucional, al representar un grave atentado al art. 14 de la Constitución Nacional que explicita con absoluta claridad que todos los habitantes gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
Periodismo no es hacer relaciones públicas, señores
Lo que sucedió este martes en el recinto legislativo, reviste en todos los aspectos un carácter escandaloso, no sólo por lo antes planteado sino también por el silencio (cómplice?) de al menos cuatro legisladores, otrora periodistas que atrás dejaron las premisas del periodismo libre de las academias y del transitar en la calle comunicando con compromiso y todo lo demás.
Y aquí estamos hoy los periodistas, en el nudo de la cuestión y a las puertas de una discusión sobre un intento realmente peligroso, que, de llevarse adelante, plantearía por un lado, un escenario de un autoritarismo total, donde, a partir de este artículo 50 todos los periodistas, y medios de comunicación tendríamos que estar de acuerdo con el poder de turno, o bien estaríamos sujetos a un "ente regulador de la verdad" o un "censor", aún a sabiendas que superada está (o eso creíamos) la discusión sobre la inexistencia de la objetividad, cuando decidimos darle paso a la concepción que acuñamos hoy sobre la construcción de una mirada situada y comprometida, bajo el rigor de la responsabilidad ética con la que los periodistas salteños abrazamos libremente la profesión. En este intento de avanzada sobre las libertades, la invitación y compromiso redoblado, es a seguir haciendo periodismo y no relaciones públicas.
Lorena López, Nuevo Diario
