“Lula destituyó al Comandante de la mayor fuerza no por sospecha sobre su incidencia en el intento de golpe, sino porque sentía que no estaba respaldando las decisiones del propio presidente. Incluso, fue designado por el propio actual mandatario en diciembre del año pasado”, explicó el periodista Gonzalo Bañez, en TN.
“Esto habla de la desconfianza de Lula respecto de sus propias Fuerzas Armadas y de la situación de Brasil tras el intento de golpe que conmovió las estructuras democráticas”, enfatizó el especialista.
Arruda había asumido de forma interina el 30 de diciembre, en los últimos días del gobierno de Jair Bolsonaro, y se mantuvo en el cargo en acuerdo con el equipo de transición. Su sustituto será el actual Comandante Militar del Sudeste, el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.
El 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil, miles de personas ingresaron violentamente y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia. Además de expresar su rechazo ante los resultados de la elección, los manifestantes demandaron la intervención de las fuerzas militares en el gobierno.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) manifestó más de una vez sus dudas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en relación a la invasión y los graves daños causados en las sedes de los tres poderes. “Quiero que volvamos a la normalidad, eso es todo. Estamos para hacer nuestro trabajo y no para hacer política. Quien quiera hacer política, que se quite el uniforme, dimita de su cargo, cree un partido político y se vaya a hacer política”, señaló Lula.
Días después del atentado, el ministro de la Casa Civil (jefe de Gabinete), Rui Costa, también criticó duramente la inacción de los militares en relación con las acampadas golpistas frente al Cuartel General del Ejército. “Hay consenso en que la actuación de los militares distó mucho de ser eficaz”, dijo Costa en su momento.
Además, este miércoles la Justicia Federal de Brasil ordenó bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado, incluido los colectivos que llevaron a los manifestantes hasta los edificios gubernamentales.
