”Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares (...) el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las Fuerzas Armadas”, dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá.
Según un decreto del Gobierno de Gabriel Boric, la labor de los soldados durará 90 días y se extenderá a las regiones norteñas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La medida podrá prolongarse si anteriormente es acordada en el Congreso.
Los militares realizarán controles de identidad y detendrán a aquellas personas que entren o salgan por pasos de frontera no habilitados. Además, podrán registrar equipajes, vestimentas o vehículos. Los detenidos serán entregados a la policía local.
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El decreto oficial sostiene que existe un aumento de los flujos migratorios en el país, que ocasionalmente permite la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados, reportó AFP.
Los militares, según el decreto oficial, podrán emplear medios disuasivos, como desplegar vehículos y personal militar armado en la zona. Si fuera necesario tendrán permitido usar otros elementos como granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno.
En casos graves, podrán usar armamentos no letales o antidisturbios y, finalmente, tendrán permitido disparar armas letales solo en caso de que esté en riesgo sus vidas.
Javier García, alcalde del municipio de Colchane, uno de los puntos fronterizos donde se activará la medida, denunció en una radio local que ingresan cerca de 400 personas a diario a través de pasos no habilitados.
Se trata de un paso peligroso, ya que recorre una zona desértica. Distintas organizaciones denunciaron la muerte de varios migrantes en los últimos meses. Quienes logran entrar al país se instalan en carpas en ciudades del norte del país, lo que generó fuertes protestas de la población local.
La medida del Gobierno chileno se suma a otras tomadas por el país trasandino en los últimos años para intentar controlar el flujo migratorio del norte del país.
Hace un año, el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de Colchane.
Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos.
