“El problema del poder religioso y el de la Justicia, es que juegan la carta de las prescripciones, donde especulan con que la acción penal está prescripta, mientras que en las curias tiene que ver con lo que las mismas posturas que juega el Vaticano”, señaló Lombardi al dar su opinión sobre los últimos fallos en la Justicia sobre las causas de abusos de sacerdotes que se concretaron en Salta.
En este sentido señaló que las prescripciones que se resolvieron, concretamente la del sacerdote José Carlos Aguilera, denunciado por dos hombres ante la Justicia y tres más en sede eclesial, se ajustan y dependen del criterio que cada tribunal entiende se debe encuadrar, “aquí hay que tener en cuenta que esos fallos responden al criterio que tenga la Justicia, donde se desconoce las adhesiones a las que remite el documento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, a los que adhieren a las Convenciones Internacionales de los Niños Niñas y Adolescentes”.
Da como ejemplo la contraria respuesta que se tuvo por parte de la Justicia de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde en casos similares el fallo fue por la imprescriptibilidad, “en Salta no se respetó esa imprescriptibilidad, al contrario”, dijo Lombardi.
Insistió en que se debe apelar a todos los foros existentes para lograr que esas denuncias lleguen a juicio, “es correcto que los acusados se sienten frente a un estrado y tengan un juicio, las víctimas se merecen ese trámite”, resaltó el abogado que representa a los niños y niñas en las causas de abuso del Instituto Próvolo.
Sobre el por qué de esos fallos tan disímiles Lombardi dijo que “los jueces interpretan una norma con enfoque distinto, la religiosidad de la persona, al parecer pesa, y esto no debería ser así porque nuestro Estado es laico, y los jueces deben juzgar para todos, pero aplicando las convenciones, y no desde su propia ideología religiosa”.
Más adelante sostuvo que desde la Red apoyan a las víctimas que hicieron las denuncias en Salta, con un trabajo planteado para promover a que las personas realicen sus denuncias en sede judicial, no en sede eclesial,” esto de la mano de la revictimización que en las sedes eclesiales se produce, al hacerlos ir más de cinco veces, manipulando sus dichos, tratando de obtener información sobre los pasos que realizarán, en fin de allí la insistencia que lo hagan en los juzgados o fiscalías”.
En cuanto a la situación de acompañamiento o no de estamentos estatales Lombardi señaló que no existen ni proyectos ni políticas públicas para el tratamiento de estas situaciones de denuncias, teniendo en cuenta sobre todo las posibles “represalías” de las que pueden ser objeto los denunciantes, sea en sus trabajos o en sus comunidades.
“Sí, hay apoyo desde algunos legisladores, desde Mendoza, concretamente, hace algunos días se llevó adelante una audiencia pública en Capital Federal, con varias víctimas de abusos eclesiásticos, y de abusos intrafamiliares, lo habla de una apoyatura legal”, señaló Lombardi.
Por otra parte dijo que hay responsabilidad del Estado, en los abusos ya que encubrió y avaló concordato donde se le garantiza a la Iglesia mantenga su situación y no entregue documentación o los trámites que se investigaron dentro de las denuncias recibidas y que se gestionan internamente.
Finalmente dijo que desde la Red se insiste en la necesidad que el Vaticano sea declarado “Estado genocida”, “el objetivo es dañar y eliminar a los niños, niñas y adolescentes. Esto la hacemos confrontando, nada de estar buscando mediaciones, con la institución criminal”.
Caso Próvolo
En agosto se inicia uno de los tres juicios que derivaron de la causa de abusos en el Instituto Próvolo.
Así lo confirmó Lombardi a Nuevo Diario señalando que se trata del juicio en contra de tres sacerdotes, luego será el de las monjas y por último el de los directivos como encubridores en la causa de abusos, corrupción de menores y malos tratos que enfrentan los dos primeros.
Los aberrantes hechos de abusos a niños sordos e hipoacúsicos, salieron a la luz en el 2016 y fueron elevados a juicio en mayo del 2018.
Por tratarse de delitos contra la integridad sexual de las personas serán audiencias privadas, para evitar la identificación de quienes ´padecieron estos hechos.
“También llega a juicio un sacerdote del Monasterio Cristo Orante, ubicado en Tupungato, una causa similar a la de Agustín Rosa Torino, que en Salta fue investigado”, dijo Lombardi.
