La jueza recordó que la Ley Nacional 26.485 sobre Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.
“La mirada sesgada contra una mujer en el ámbito laboral, donde se advierte una relación desigual de poder, constituye violencia en los términos de la ley 26.485, sin importar si el agresor es hombre o mujer”, puntualizó la jueza.
La causa comenzó cuando la Sra. A. M. V. comenzó a padecer hostigamiento por parte de la Directora interina, A. M. y de la Supervisora de zona, M. C., a partir de sus reclamos administrativos ante el Ministerio de Educación en el marco de la disputa del cargo directivo de la de la Escuela Nº 9999 de A.G. y relató situaciones en las que se considera objeto de maltrato y amenazas.
La ley garantiza la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.
El fallo sostiene que en el desarrollo de las relaciones laborales, tanto en el sector público como privado, pueden presentarse situaciones conflictivas que ven afectado el clima laboral. En el ámbito escolar, ello perjudica a la comunidad educativa en general y en particular a quien lo vivencia y percibe en primera persona.
“En el caso nos encontraríamos ante un conflicto asimétrico, donde las partes involucradas se encuentran en un claro plano de desigualdad en función del cargo que ostentan”, señaló la jueza.
