El juicio, iniciado el jueves 19 de mayo, se lleva adelante por el delito de contrabando de granos, agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, todo ello en concurso real con cohecho, tanto activo como pasivo.
El fiscal general Eduardo José Villalba de la Unidad Fiscal Salta, dirige la acusación contra los gendarmes y el finquero. El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano.
El jueves pasado, la audiencia se reanudó con la declaración del sargento primero Marcos Coronel, jefe del Equipo de Análisis de la División Antidrogas de la Sección Aguaray, quien llevó adelante un estudio en función de los mensajes y audios que fueron extraídos de los teléfonos secuestrados, tanto a los acusados en el debate como a otros dos imputados que se encuentran prófugos.
En una declaración que se extendió hasta el viernes, brindó un acabado detalle de los movimientos y acuerdos arribados por los acusados dentro de la empresa delictiva desarticulada por la fiscalía, a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras actuaciones vinculadas al contrabando de granos.
El perito de la Gendarmería declaró que, en base a la información obrante, en los teléfonos secuestrados pudo saberse que los acusados recibían pagos de coimas que, en un principio, eran de 150 mil pesos, pero que luego llegaron hasta los 250 mil por semana.
Bajo el interrogatorio de la fiscalía, el testigo describió el rol de cada uno de los acusados, la gestación de la maniobra, la modalidad implementada para el paso ilegal de los camiones con granos, las disputas internas e incluso se refirió a los montos y forma de pago de los sobornos.
Para mayor claridad, el equipo de la Unidad Fiscal -a través de herramientas digitales- presentó a los jueces los audios, chats de conversaciones vía WhatsApp, videos e imágenes extraídas de los distintos teléfonos, con lo cual la hipótesis delictiva quedó fortalecida.
Además de ser el primer caso sobre este delito en llegar a juicio bajo el sistema acusatorio, la causa refleja aspectos que se daban por sabidos en la materia, pero que no habían podido llegar a debate debido a la ausencia de los responsables ubicados en los eslabones superiores de la cadena de contrabando, situación que, en este caso, se da prácticamente a la inversa.
Todos recibían coimas de entre $150.000 y $250.000 semanales
El perito Marcos Coronel explicó que la maniobra consistía en liberar la ruta para el paso de los camiones con granos hacia Bolivia. Sostuvo que esta función estaba a cargo de los gendarmes acusados y que Crossa era una pieza clave en todo el andamiaje delictivo, pues su finca, colindante con el vecino país, era la puerta que coronaba el contrabando.
A cambio, los acusados recibían pagos de coimas que, en un principio, eran de 150 mil pesos, pero que luego llegaron hasta los 250 mil por semana. Sostuvo que, de los peritajes a los teléfonos, surgía que esta modalidad se implementó en noviembre del 2020, pero que tuvo su mayor apogeo desde diciembre de ese año hasta marzo del 2021, cuando el comandante Páez asumió la dirección de la organización. El testigo sostuvo que la investigación del caso se vio robustecida con el secuestro del teléfono celular de uno de los prófugos. Se trata de Rodrigo Torrico, quien el 12 de marzo del 2021 intervino en un procedimiento para liberar el secuestro de dos camiones que fueron detenidos cuando llevaban aceite de soja.
Se había estipulado que a Páez debían pasarle fotos de las patentes de los camiones que iban a pasar, los cuales pagaban la coima. El comandante, a través de Radaelli, definía una franja horaria para el paso de los camiones.
A partir del peritaje de ese aparato, el testigo pudo establecer que el contrabando de granos estaba dirigido inicialmente por el sargento Ayala, quien operaba junto a Crossa para el paso de los camiones hacia Bolivia.
Con Ayala como referente, el flujo de camiones oscilaba entre los 5 y 6 camiones por semana. La ruta utilizada era la 34 hasta el cruce con la 54, que conduce a la localidad de Campo Durán, donde los transportistas llegaban hasta la finca de Crossa, en el kilómetro 79, por donde accedían al vecino país.
"Si tengo buen tino, podríamos estar trabajando todo el año", sostuvo Crossa, en uno de los audios a Torrico. Para ello, invitó al comandante a un asado en su finca, lo cual también fue probado con audios del finquero. Asimismo, el testigo refirió que -en el teléfono de Páez- había mensajes con un subalterno, a quien le pidió indicaciones de cómo llegar a la finca del kilómetro 79.
