La respuesta judicial se dio en el marco del silencio rotundo del Vaticano en torno a la denuncia, y prohibiciones vertidas por la Iglesia en un documento oficial a las monjas en actividades relacionadas con la Virgen del Cerro.
La jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno, no hizo lugar al planteo de declinatoria presentado por uno de los demandados en la causa caratulada: "Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde Martín; Ajaya, Lucio Francisco por violencia de género".
La declinatoria tenía por objeto la declaración de incompetencia de la jueza de violencia por entender que corresponde la intervención del fuero eclesiástico de conformidad al Concordato con la Santa Sede de 1966.
Cáceres Moreno consideró que se encuentra habilitada para intervenir en la causa en el marco de los tratados Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales y provinciales que rigen la materia (Convención CEDAW, Convención de Belém do Pará, Ley Nacional 26485, leyes provinciales 7888 y 8158).
Dijo que en la materia se deben aplicar principios de tutela efectiva, inmediación, oficiosidad, etcétera.
Además, consideró importante puntualizar que en el acuerdo entre el gobierno argentino y la Iglesia Católica que fuera firmado en el año 1966, se garantizó a la Iglesia su autonomía para el libre ejercicio de su poder espiritual y también su competencia para el logro de sus fines específicos, pero que ello no es obstáculo para que el Estado argentino pueda actuar para garantizar los derechos constitucionales de todos sus habitantes.
La fiscal Penal de Violencia de Género Gabriela Dávalos había dictaminado, en idéntico sentido, que el juzgado resulta competente para continuar interviniendo en esos autos.
Cabe recordar que, en la jornada del miércoles, el arzobispado de Salta difundió un comunicado con las indicaciones emanadas por los representantes del Vaticano a través de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Entre esas indicaciones, se les recordó a las religiosas que, si bien gozan de autonomía, están "bajo la vigilancia del obispo diocesano cuya autoridad y acción están establecidas por el derecho", y se les pide no involucrarse en actividades de apostolado como la que se ha generado en torno a una devoción mariana, hasta tanto "el obispo del lugar o a través de él a la competente Congregación de la Sede Apostólica discernir su veracidad y autorizar las prácticas de culto en este contexto", aludiendo a las actividades de la Virgen del Cerro y las vinculaciones con la que denominaron "vidente", la Sra. María Livia Galiano de Obeid. En el documento no existió referencia alguna a las acusaciones en contra del arzobispo y otros dos sacerdotes, de hostigarlas desde hace más de 20 años, a través de agresiones verbales y amenazas.
Apoyo de la Universidad y de los colegios católicos
Tomando una clara postura sobre la situación, desde el Consejo Provincial de Educación Católica de Salta y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, se manifestaron en apoyo al Arzobispo Mario Cargnello, a través de un comunicado oficial.
Por su parte, y desde las organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron para el martes a las 17, a un abrazo simbólico al Convento San Bernardo en apoyo a las monjas y bajo el lema #hermanasitecreo, luego de que prácticamente fueran ignorados sus planteos por parte de las autoridades eclesiales.
