La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías para Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado bienes y servicios y para Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del mismo delito.
La intervención de la UDEC inició de oficio el 13 de febrero pasado, tras conocer la noticia de que una concejala de Rosario de Lerma había colisionado el domingo 5 de febrero un vehículo, que se encontraba a cargo de la Cámara de Senadores de Salta.
Salinas Odorisio dispuso, dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas revestían características ilícitas.
Con tal fin, el 19 y 20 de abril, Ramos fue citado a prestar declaración en la UDEC, no presentándose a la cita. La fiscal Salinas Odorisio continuó con la investigación.
En respuesta al pedido de informe de la UDEC, el Ministerio de Economía de la Provincia comunicó que el vehículo en cuestión era una camioneta Chevrolet S10, modelo 2009, siendo su titular desde el 14/07/2009, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Finanzas y Obras Publicas de la Provincia de Salta (actual Ministerio de Economía y Servicio Públicos). Además, se envió copia del acta de entrega del vehículo a la Cámara de Senadores el 21 de junio de 2009.
Por su parte, la Cámara de Senadores informó que el 16 de julio de 2020 hizo entrega de la camioneta al senador provincial por el Departamento de Rosario de Lerma, Sergio Ramos.
El 20 de abril, Ramos y Guerra fueron citados a audiencia de imputación. Ante la ausencia del senador provincial, sólo fue imputada Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del delito de peculado bienes y servicios, quien negó los hechos en la audiencia.
Ramos fue citado, nuevamente, el 26 de abril de 2023 a audiencia imputativa. Asistió acompañado de su abogado particular y, tras escuchar la imputación, negó los hechos.
Tras evaluar las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio consideró que Ramos, en su calidad de funcionario público, se apartó de los fines previstos por los que la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta le había asignado la camioneta, confiando la administración y custodia en su cargo. Además, señaló que el hoy imputado colocó el bien lejos de la custodia asignada entregándole el mismo a Guerra para asuntos personal, perjudicando el patrimonio de la administración pública.
Días después del hecho, Ramos había expresado a Nuevo Diario que “los horarios y la circunstancia en que se produjo el accidente exceden de mí y vamos a ver la medida que vamos a tomar”, y explicó: “Natalia es mi colaboradora para realizar diferentes tipos de tareas sociales. Estaba en una camioneta oficial. La verdad que no se me pasa la bronca de esta cuestión, tengo que tomar alguna medida”.
Luego, el senador exigió la renuncia de Guerra como concejal ante el hecho ocurrido.
