El Juzgado Federal N°1 de Salta y el N°3 de Rosario dictó las resoluciones en dos causas judiciales.
Los jueces federales Julio Bavio -de Salta- y Vera Barros -de Rosario- convalidaron las resoluciones el trabajo del equipo conjunto de fiscales federales y provinciales creado por la PGN que viene investigando distintas maniobras de tráfico de drogas cuyos imputados estaban relacionados con una de las víctimas del triple crimen perpetrado en Ibarlucea, Santa Fe, en enero pasado.
Las medidas dictadas por los dos juzgados son consecuencia de investigaciones coordinadas que llevaron el 8 de marzo pasado a las detenciones de las cuatro personas en el marco de 14 allanamientos llevados a cabo en Santa Fe y Córdoba por orden del juez federal rosarino Carlos Vera Barros.
El equipo de fiscales federales que investiga e imputó a estas cuatro personas -en el marco de un caso que tiene a otros imputados detenidos y a otras personas que se encuentran prófugas y están siendo investigadas- fue conformado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
Lo integran la fiscal federal de Rosario, Adriana Saccone; el fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba; y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
También participa de la investigación el fiscal federal de Rosario, Javier Arzubi Calvo. A su vez, los fiscales conformaron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Los fiscales concluyeron que la organización tenía un servicio de "taxi" para el traslado de cargamentos de hasta 400 kilos de cocaína en avioneta desde Paraguay y Bolivia, por lo cual cobraba montos de unos 300 mil dólares por cada viaje.
En el caso del juez federal salteño Julio Bavio dispuso el procesamiento de FGP e IQ por su participación el 24 de septiembre de 2020 en una operación de tráfico de 389 kilos de cocaína. Los consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y les trabó embargos. Otras personas que participaron de estas maniobras fueron recientemente condenadas a penas de hasta 12 años de prisión.
Dos bandas argentinas con vínculos brasileños
Había dos grupos en Argentina que se asociaban para garantizar la logística y coordinación para el tráfico y exportación de estupefacientes y para el blanqueo del dinero, que a su vez tienen vínculo con la organización brasileña conocida como Primer Comando Capital (PCC).
Así, del estudio de esos elementos y del cruce de tres investigaciones, los fiscales concluyeron que la organización tenía un servicio de "taxi" para el traslado de cargamentos de hasta 400 kilos de cocaína en avioneta desde Paraguay y Bolivia, por lo cual cobraba montos de unos 300 mil dólares por cada viaje.
En efecto, Adelaida Castillo -quien fue detenida en 2020 y recientemente condenada a 12 años de prisión-, cuyo teléfono permitió profundizar la investigación, venía siendo investigada por el fuero federal de Salta por sus estrechos vínculos con el denominado clan Loza y actividades ligadas al tráfico de droga. Uno de los integrantes de esa organización, Valdemar Loza, fue condenado junto a otras personas en 2019 por el tráfico de más de una tonelada de cocaína. De acuerdo con el procesamiento dictado por el juez rosarino Vera Barros, esas conclusiones tienen información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil y el Servicio Nacional de Investigación Criminal de la Policía de Mozambique (SERNIC) y coincide con elementos obtenidos en la investigación realizada por los fiscales federales en Argentina. En este contexto, el juez Vera Barros valoró que FGP -sobre cuya conexión con ese grupo está documentada en la causa- "resultó ser un actor fundamental en la distribución de sustancias estupefacientes a diferentes organizaciones criminales” que operaban en Rosario entre 2020 y 2021. Y que FGP, encargado de la logística para el acopio de estupefacientes, tenía entre sus colaboradores a GAR y a quien fue asesinado en enero pasado junto a su mujer y su hija. Según la resolución, GAR y otros sindicados traficantes "se abastecían de sustancias estupefacientes en el domicilio de FGP ubicado en Ibarlucea” (Santa Fe).
