La carga probatoria del representante del Ministerio Público de la Nación, sin embargo, perdió peso a medida que se desarrolló el debate, presidido por el juez, Domingo Batule junto a los vocales, Liliana Snopek y Abel Fleming.
El juicio a Ferreyra se trata de un proceso secundario de un hecho que se registró el 19 de noviembre de 2009, cuando una patrulla de Gendarmería Nacional detuvo en la ruta 64, en la provincia de Santiago del Estero al conductor de un camión Ford 350, el cual llevaba un doble fondo en el techo, del cual se extrajeron 263 kilos de cocaína.
Por este hecho, la justicia federal procesó al conductor del rodado, Víctor Alejandro Sarmiento, como así también a Jorge Pérez y María Rosa Saavedra, quienes llegaron a juicio en abril del año 2013, bajo la dirección del Tribunal Oral Federal I.
Los jueces condenaron a Sarmiento y a Pérez a las penas de 11 y 9 años de prisión por ser autor y partícipe necesario respectivamente del delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de personas intervinientes. Saavedra, en tanto, recibió una pena de 4 años y medio como partícipe secundaria.
Cerrada esta causa, la justicia federal avanzó sobre otros tres sospechosos: Mario Ferreyra, su hermano, Carlos y Francisco Arteaga, pues una investigación de la Unidad de Antinarcóticos Frontera Norte, la que proporcionó información que indicaba que existiría un grupo de personas que se dedicaban al transporte y comercialización de droga desde Bolivia, para su posterior venta en distintas ciudades del centro y sur de nuestro país, liderada por Carlos Alberto Ferreyra y de la cual formaban también parte su hermano Mario Alfredo Ferreyra (alias “Chapero”), María Rosa Saavedra y otros.
Incluso en el procedimiento en que fue detenido Sarmiento, Gendarmería aseguró que delante del camión iban un coche “puntero”, el cual era conducido por Carlos Ferreyra, quien llevaba como acompañantes a su hermano, Mario, y Arteaga.
En vista de ello, se dictó los correspondientes pedidos de capturas, los que se concretaron entre los años 2017 y 2018, siendo Mario Ferreyra procesado a partir de la información aportada por Gendarmería, la que provino de escuchas telefónicas y otras medidas probatorias.
El debate y los testigos
El juicio a Ferreyra se llevó a cabo a comienzos de este mes, oportunidad en la que los jueces del Tribunal Oral 2 escucharon a los testigos aportados por el fiscal, Francisco Snopek, quien presentó como prueba principal las declaraciones testimoniales de los gendarmes que realizaron las intervenciones telefónicas y llegaron a la conclusión de que los 263 kilos de droga secuestrados fue un cargamento planificado por Ferreyra, entre otros.
Al momento de testificar, sin embargo, los investigadores no fueron tan contundentes como esperaba la fiscalía, pues quedó en evidencias que sus conclusiones fueron el resultado de una interpretación subjetiva y discrecional de lo que en la jerga judicial se llama “lenguaje cifrado”.
Malos intérpretes
En las supuestas conversaciones en las que se coordinó el transporte de la droga, Ferreyra y otros acusados hablaron de ir a pescar, del clima de cortar tablones en una finca, en Monte Quemado, lo que fue interpretado por los gendarmes como los preparativos para el acondicionamiento de la droga.
Estos argumentos, sin embargo, fueron echados por tierra por el abogado, Marcelo Arancibia, defensor de Ferreyra, al momento de los alegatos, pues consideró que no había elementos suficientes para sostener estar interpretación “antojadiza” por la cual se pretendía condenar a su cliente.
Agregó que lejos de complementar las conclusiones con otras pruebas, como una inspección en la finca, algo que fue advertido por uno de los vocales del tribunal, los gendarmes especularon con que el tribunal llegaría a una condena a partir de un supuesto “lenguaje cifrado”.
La fiscalía, ante la falta de pruebas, decidió reducir el pedido de condena a 4 años de prisión en contra de Ferreyra, tras lo cual Arancibia fundamentó su pedido de absolución para su cliente, puesto que las pruebas reunidas no fueron del calibre que se anunciaban, basada en presunción. El tribunal dispuso absolver al acusado de supuesto narco.
