El texto del comunicado es el siguiente: “La Procuración General de la Provincia de Salta reconoce y avala la eficiente y exitosa labor de la Unidad Fiscal creada mediante Resolución, e integrada por los fiscales penales Lorena Martínez, Rafael Medina y Pablo Cabot, como así también las tareas investigativas de las distintas áreas de las fuerzas de seguridad provincial que colaboran en relación a la investigación sobre la sustracción de una bebé que del Hospital Perón de Tartagal”.
También se destacan las tareas posteriores para determinar el reproche penal a los responsables de la sustracción de la menor.
“El trabajo riguroso y minucioso de los fiscales no solo ha permitido tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de la menor afectada y su familia, sino que también ha llevado a la detención de una persona sospechada del delito mencionado, a la que ya se le recepcionó la respectiva audiencia de imputación conforme a las formalidades y previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta”.
“La investigación penal preparatoria se encuentra actualmente en un sostenido avance, con una persona detenida y con sólido y abundante respaldo de indicios probatorios mediante cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas, no pudiéndose brindar mayores precisiones debido a la necesidad de preservar el aseguramiento y el éxito de las restantes medidas de prueba en curso, durante los próximos días”.
Inmediatamente después de concluida la reserva de las actuaciones, y a la brevedad posible, el Ministerio Público Fiscal dará a conocer a la opinión pública los diversos elementos ya reunidos por la investigación y que habrán de confirmar el firme respaldo probatorio de todo lo actuado hasta el momento.
“Investigar los delitos”
“El mandato constitucional de investigar los delitos en procura del imperio de la legalidad, no habrá de ser conmovido por voces que con displicencia, falta de responsabilidad y seriedad, pretenden desacreditar una prolija y contundente investigación llevada a cabo hasta el momento, conducta que, paradójicamente, se posiciona en un rol propiciante de la impunidad y el beneficio de la situación procesal de la detenida y en desmedro de una prolija investigación; motivo por el cual se adoptarán las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de la obligación constitucional referida”, agrega el MPF.
