De acuerdo a lo estipulado por el Poder Judicial, el 1 y el 4 de marzo, las audiencias se realizarán en la Sala XX del Distrito Centro (Ciudad de Salta), mientras que los días 5 y 6 de marzo, las audiencias se desarrollarán en Iruya.
En mayo del 2023, el Tribunal de Juicio emitió una cedula de notificación fijando el inicio del proceso de enjuiciamiento contra Soto.
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Durante la primera audiencia, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, expondrá los delitos que el Ministerio Público Fiscal le imputa a Soto y presentará a lo largo de las jornadas las pruebas reunidas durante la investigación penal.
La denuncia surgió tras una auditoria en la comuna ordenada por el actual intendente Eugenio Herrera donde se denunció un faltante de justificaciones a gastos emitidos por la gestión de Soto.
"Su contador nos informó sobre una deuda de $ 6 millones, nosotros investigamos y llegamos a un faltante de $ 7 millones, y ahí radicamos la denuncia para no cargar con un muerto que no me correspondía a mí", dijo el jefe comunal a Nuevo Diario, al momento de conocer la elevación a de la causa a juicio.
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En su requerimiento de juicio, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que "el acusado, en su calidad de intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000 que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya".
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que "el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero por un importe total de $ 14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $ 8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $ 5.878.073,43".
En la auditoria realizada por la Municipalidad de Iruya, la comuna señaló un faltante de $7.773.758,89 que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas a Soto.
“Nosotros queremos que lo que es del municipio se devuelva”, dijo Herrera a este medio sobre el faltante de dinero de la Municipalidad.
