En el avance de las jornadas del juicio que se sigue contra Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo, acusados por el homicidio de Liliana Ledesma ocurrido en la localidad de Salvador Mazza en el año 2.006, el abogado querellante, David Leiva, advirtió sobre una serie de estrategias que plantea la defensa, apuntando a la nulidad, ya que según ellos no estarían garantizadas las condiciones para la legítima defensa, al encontrarse los acusados, participando vía remota.
Así lo precisó el abogado, en el diálogo con el periodista Héctor Alí (FM Pacífico), que relató las dificultades que manifestó la defensa, durante las audiencias remotas, y aseguró que “se trata de un show” de los Castedo.
Asimismo, detalló las múltiples quejas que manifestó “Ula”, asegurando que “al no poder escuchar, se encontraba vulnerado en sus derechos”.
“Cuando se logró atravesar esta primera instancia de reservas, empezó el juicio y entre las preliminares, el abogado de los Castedo dijo que nunca la acción judicial había sido promovida por el fiscal”, por ende era todo nulo, lo cual fue rechazado.
Leiva contó también las instancias de participación de los testigos, Jesús Ledesma (hermano de Liliana y la Dra. Julia Pereyra, que era la representante legal de la asociación de productores rurales a la que pertenecía Ledesma. En ese marco denunció que de manera insistente, fue Ula Castedo quien profirió en múltiples oportunidades, amenazas de todo tenor: “a pesar de la advertencia del Tribunal, lo siguió haciendo en la primera y segunda audiencia. No sólo gritaba, sino interrumpía, y realizaba gestos durante los testimonios, que eran tendientes a generar inseguridad en los testigos, para que declaren con temor”.
De este modo el letrado indicó que tanto Pereyra como la madre de Liliana Ledesma, pidieron el acompañamiento de seguridad: “eran gestos intimidatorios, gesticulaciones en señal de desaprobación”.
También observó la actitud del Presidente de Tribunal, todo ello a colación de los reclamos de la Fiscala Carreras, quien interpuso una recusación al Tribunal por parcialidad ya que se le limitó la posibilidad de interrogar.
“Una organización peligrosa”
Ya en la primera audiencia del juicio, tenía que declarar Nelly Panoso, una testigo que "fue amenazada y se tuvo que ir de Salvador Mazza y hasta el día de hoy la Justicia no la puede encontrar para declarar. Hubo hostigamiento permanente", detalló el abogado David Leiva. Algo similar le ocurrió a la Dra. Pereyra que pidió custodia a la Justicia y se la negaron.
Finalmente, enfatizó que "es una organización mafiosa de narcocriminalidad que apareció en los medios nacionales diciendo que Delfin Castedo todavía sigue manejando el cartel desde la cárcel.
Es una organización peligrosa y siguen habiendo resabios. Creemos que los Castedo no instigaron al crimen sino que ellos contribuyeron, eran una organización delictiva, y deben responder como coautores del crimen", señaló en declaraciones a los medios.
“No lo advertí”
La abogada Pereyra, también dialogó con el periodista Alí, y confirmó haberse sentido intimidada por las expresiones de Ula Castedo, durante la segunda jornada del juicio. “Se percibe temor por la calaña de las personas que están siendo juzgadas, lo sentí y lo siento”, dijo y aseguró: “Creo que más allá de los temores, vamos a alcanzar una sentencia justa; lo importante es que puedan escucharse los testimonios y las pruebas y determinar quienes fueron los responsables”.
Tercera jornada
Ayer jueves, se escuchó la declaración de tres testigos y luego pasaron a un cuarto intermedio hasta próximo martes a las 17, para continuar con la ronda de testimoniales.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Fiscal Penal del GAP Claudia Carreras. La querella es representada por el abogado David Leiva, y en ejercicio de la defensa de los hermanos Castedo actúa Horacio Daniel Morales.
En 2.010 la ex Cámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán había condenado por el mismo hecho a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres, a quienes les impusieron la pena de prisión perpetua.
En tanto, Patricia Guerra fue condenada a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno recibió la pena de cuatro años de prisión efectiva.
