La fiscal presentó este escrito a la Corte donde busca revocar la libertad de los imputados Leonardo Cristian Hernando, Gustavo David Hernando, Efraín Omar Hernando y Cynthia Elizabeth del Valle Moya, imputados en la causa de la financiera ilegal Ríos y Asociados.
En su presentación, Homquist cuestionó la arbitrariedad de la decisión ya que pone en riesgo las funciones del Ministerio Público Fiscal de investigar delitos y promover la acción penal contra los responsables, así como de buscar la reparación del daño causado por el delito.
Holmquist Moreira destacó en el escrito que la causa aborda temas que exceden el mero interés individual de las partes y trascienden hacia objetivos de alarma institucional; cuando en esta causa se ha puesto en crisis la conducta ética y moral de la Fuerza de Seguridad de la Provincia afectando de manera directa los cimientos de la institución policial.
En ese sentido, advirtió que la credibilidad de la Policía se mantuvo preservada “con esfuerzo y prudencia de la investigación llevada adelante por la fiscalía de grado”.
En la investigación se puso la lupa en el accionar que tuvo la cúpula policial no solo porque la mayor cantidad de estafados proviene de la fuerza, sino por la información filtrada al momento de las investigaciones que permitió a los principales sospechosos darse a la fuga y evitar sus detenciones.
En el recurso también destacó que “la organización delictiva logró enquistarse en la Institución policial, ya que los inversores son en su gran mayoría empleados policiales, utilizando como captadores a altos jefes, quienes fueron beneficiados con mayores retornos en plazos menores, los que a su vez oficiaron de captadores utilizando a sabiendas su influencia propia y natural de la jerarquía policial construyendo, en definitiva, el conocido esquema Ponzi”.
Por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal planteó que “es importante recalcar que no existe explicación financiera alguna para comprender el origen y destino de las siderales sumas de dinero que recaudaban los imputados. No existió inversión alguna que explique un retorno del 100 % del capital invertido en un plazo de entre 15 a 60 días SIN PRECEDENTES A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL” y que se ha confirmado el traslado de las sumas de dinero obtenidas por los afectados y su ocultamiento en diferentes domicilios de Salta y Metán, lo que demuestra la gravedad de los delitos imputados.
La fiscal también cuestionó el fallo al advertir que no se ha logrado recuperar los fondos comprometidos en las estafas y advirtió que se vulneró el derecho de las víctimas con la resolución que otorgó la libertad de los imputados.
La Corte de Justicia será la encargada ahora de dirimir la presentación y evaluar si da lugar a lo presentado por la fiscal.
La investigación imputa estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos), a los acusados en lo que fue uno de los casos que puso en tela de juicio la credibilidad de la institución policial salteña.
