Se estima que a mediados de febrero se podría conocer la sentencia del juicio actual por asociación ilícita, prevaricato y concusión.
En el alegato que se escuchó el viernes último cuando los fiscales en juicio Carlos Martín Amad y Francisco Snopek, solicitaron una pena máxima para el ex juez, al que consideraron jefe de una banda de corruptos, como la definieron, de 25 años mientras que para el resto de los imputados entre 20 y 2 años de prisión de cumplimiento efectivo.
En el alegato Amad recordó por otra parte que el ex magistrado junto a otros miembros de esa organización criminal, aún deben responder en tres causas diferentes en las que se investigan faltantes de droga en el Juzgado Federal de Orán, casos de cohechos y falsificaciones materiales e ideológicas de instrumentos públicos, entre otros delitos, las cuales tramitan ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, con la intervención del titular de la Fiscalía Federal N°2, Eduardo Villalba, y el representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias.
Entre las causas por las que deberá enfrentar nuevos juicio figura la imputación de haber confeccionado un acta falsa con la indagatoria a un imputado, Delfín Castedo, que en realidad estaba prófugo y al que, en esa condición, le concedió la libertad.
Los fiscales sospecharon que el ex magistrado cobró una coima a cambio. Su secretaria, Romina Reynoso Sosa, respecto de quien ya existía sospecha de su participación en algunos hechos, también fue indagada.
Eximió de prisión a Castedo
El 28 de febrero de 2007, Reynoso ordenó la detención y la captura nacional e internacional de Delfín Castedo en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes, que a esa altura llevaba casi un año de trámite. En la orden, el entonces juez puso de relieve que Castedo estaba además imputado en el fuero ordinario por el crimen de Liliana Ledesma.
El 29 de mayo de mayo de 2008, el entonces abogado de Castedo, Aldo Primucci, pidió la eximición de prisión.
Ocho días después Reynoso concedió el pedido en un llamativa resolución que dio cuenta de que se le imputaban a Castedo los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y lavado de activos. Casi ocho años después Castedo fue detenido en Buenos Aires.
Otras de las causas que se le imputan es la referida al supuesto beneficio que habría otorgado a empresarios con mayores volúmenes para comercializar en la zona de frontera, en abierta violación de las normas aduaneras vigente en los años 2010/2012.
