Los uniformados deberán abstenerse de acercarse al domicilio de la víctima, de ejercer violencia física y psíquica, y someterse a tratamiento psicológico para tratar sus impulsos violentos, previo diagnóstico de un especialista.
Ambos acusados llegaron a juicio, habiendo siendo requerido por la Fiscalía de Derechos Humanos por apremios ilegales agravados y lesiones leves en concurso real, en calidad de autores.
El hecho sucedió el 13 de marzo de 2020, cuando encontrándose la víctima en Río Saladillo junto a un amigo, se hizo presente un móvil policial del que descendieron los dos efectivos policiales, quienes iniciaron un interrogatorio por la procedencia de una motocicleta, para posteriormente pedirles sus datos y requisarlos.
Los efectivos policiales comenzaron luego a proferir amenazas y les dijeron a los dos hombres que se fueran. Al disponerse a acatar la orden, uno de los acusados tomó del cuello al damnificado, lo hizo caer al suelo, el otro efectivo le puso los “ganchos” (esposas) en ambas manos, tras lo cual comenzó a propinarle puntapiés en el rostro y diferentes partes del cuerpo, mientras el otro policía agredía a su amigo.
La víctima tenía en su poder 4 mil pesos que el acusado se los sacó del bolsillo del pantalón, mientras continuaban las amenazas, tras lo cual fueron subidos al móvil policial. “Cada vez que te veamos, te vamos a quitar plata”, le decían.
Allí no terminó todo, ya que una vez introducidos al móvil, le apuntaban con el arma en la cabeza, diciéndoles “te vamos a matar, a vos y la porquería que está al lado tuyo”, en referencia a su amigo. Luego uno de ellos lo escupió y volvió a golpearlo en el rostro y el cuerpo, mientras ambos efectivos se reían.
Un médico legal constató las lesiones consistentes en equimosis en párpado inferior izquierdo, en región lateral del cuello, región pectoral, brazo derecho e izquierdo, pierna izquierda y escoriaciones en la región cigomática izquierda, antebrazo, hemitórax izquierdo, rodilla izquierda, y pierna derecha.
Raúl Martínez, de 32 años, y Félix Castillo, de 35 años, pertenecían a la Dirección Seguridad Urbana del Valle de Siancas.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio que tuvo lugar en la Sala VII del Tribunal de Juicio contra los policías, por un hecho que sucedió en marzo de 2020.
