El pedido de prisión preventiva provino de la Unidad Fiscal que conformó el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, con Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt. Ante ello, el Juzgado de Garantías 3 del distrito, decidió aprobar la solicitud para uno de los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, y denegó la solicitud de prisión domiciliaria para otro.
Ambos hombres están provisionalmente imputados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión), en el marco de la causa en la que se investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.
El primero de los acusados fue detenido el 15 de febrero en un allanamiento, y fue imputado el 17 de febrero como coautor del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) y comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención. Durante la audiencia, su abogado particular solicitó la prisión domiciliaria, la cual finalmente le fue denegada.
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El segundo de los funcionarios del Servicio Penitenciario fue detenido el 6 de diciembre e imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) en el mega allanamiento que dio inicio a la causa. Su representante legal había solicitado la revisión de su prisión preventiva, pero el juez dictaminó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
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