Con orden de allanamiento, la policía y bomberos pudieron ingresar al Convento San Bernardo donde lograron entrevistarse con la monja que quería abandonar el lugar, quien reafirmo sus intenciones, permitiendo su salida del lugar.
Familiares de la mujer, oriundos de Mendoza, tomaron contacto con la justicia salteña porque habían recibido una comunicación donde afirmaba que quería abandonar el convento pero no se le permitía por orden de las autoridades.
A inicios del mes de diciembre y en un primer acercamiento, la madre priora y demás autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano, es decir, por intermedio del Papa Francisco.
Sin embargo, según consta en el expediente, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron la posibilidad de retirarse.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, tomó intervención y buscó llegar a un acuerdo para permitir la salida de la mujer, pero según aclararon desde el Ministerio Público Fiscal, se llegó hasta prohibir el contacto con los familiares de la damnificada.
Ante tal situación, el martes 20 se dio la directiva a la Policía de entrevistarse con las autoridades del Convento pero no fueron recibidos. Esto motivó que el fiscal Ramos Ossorio enviara el miércoles a auxiliares fiscales a intentar el cometido, pero también fue rechazado, sin posibilidad de ingreso al lugar para notificación.
Con estos antecedentes se solicitó al Juzgado de Garantías en turno la orden de allanamiento para el predio. Con la intervención de la fuerza pública y la colaboración de Bomberos, se logró ingresar al edificio sin forzar el acceso y una vez en el interior, se pudo entrevistar a la mujer damnificada, quien ratificó su intención de retirarse del lugar, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.
Las acciones por el delito de privación ilegítima de la libertad ya están en trámite según confirmaron desde el MPF a Nuevo Diario y hay expectativa sobre el rumbo que tomará el caso, donde no se descarta imputaciones judiciales por el hecho.
