Mario Campos y Ezequiel Toledo deben responder además por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real. Todos los acusados enfrentan una demanda civil por la suma de 4 millones de pesos en concepto de daño psicológico y psiquiátrico.
Abierto el debate, el tribunal, integrado por los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abel Fleming, cedió el turno al fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, para abrir la etapa de alegatos de apertura.
Asistido por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos y el investigador Nicolás Dubois, el fiscal hizo una breve referencia al delito de secuestro extorsivo y sus agravantes, ya que se trata de una temática no habitual en los tribunales de Salta.
Acto seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal repasó el hecho, que se registró el 30 de noviembre del año pasado, alrededor de las 9.30, cuando la víctima, el empresario Víctor Oscar Giménez, de 77 años, se dirigía en su camioneta Mercedes Benz hacia las oficinas de la firma, ubicada en la avenida Ragone, primera cuadra, en la zona este de la ciudad.
El fiscal narró que, a poco más de 20 cuadras de llegar a la empresa, sobre la misma avenida, en un sector oculto por el muro de una metalúrgica, Toledo y Mario Campos, disfrazados de policías, fingieron un control vehicular. En este contexto redujeron al empresario, a quien maniataron y trasladaron con sus ojos vendados hasta el lugar de cautiverio, en el barrio Los Paraísos, en la misma zona.
Luego del intento en vano de operar con el celular de la víctima para transferir dinero, los secuestradores obligaron horas más tarde a Giménez a comunicarse con su hijo Alvaro, quien ya había comenzado a buscarlo debido a que faltó a una reunión de trabajo importante, añadió el fiscal en su relato.
En aquella comunicación forzada, contó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), la víctima pidió a su hijo que reuniera la suma de 5 millones de pesos, dinero que, según lo alegado, debía entregar por un negocio que llevaba adelante en la provincia de Jujuy, del cual no dio detalles.
Toranzos resaltó la tarea conjunta realizada por el área a su cargo y la Procuración General de la provincia. El Ministerio Público Fiscal salteño inició su actuación luego de que Alvaro Giménez -quien fue el primer testigo en declarar en el juicio- se presentó con el abogado de la empresa ante el procurador Pedro García Castiella, quien en ese momento designó para el caso al fiscal Ramiro Ramos Ossorio y a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El empresario sufrió un daño psicológico y está en tratamiento
En la audiencia de juicio, Toranzos sostuvo que, acertadamente, Ramos Ossorio ordenó una búsqueda del resto de la banda en la zona, pues se presumía que podía estar cerca. Así fue como se divisó la camioneta de la víctima sobre la ruta 26 y se inició su persecución de forma inmediata.
El fiscal precisó que el raid se extendió hasta el barrio El Círculo, donde Toledo se lanzó del rodado y escapó, mientras que Mario Campos siguió unos metros hasta estrellarse en la pared lateral de una casa. En esa circunstancia se dio a la fuga, en tanto que Giménez quedó golpeado y fue rescatado por la policía. Al día siguiente, producto de las pesquisas, ambos acusados fueron detenidos. En su alegato, el fiscal afirmó que todo este relato y otros detalles más del hecho, como el intento de uno de los acusados por vender la camioneta del empresario en una concesionaria local, serán expuestos al producir la prueba llevada a debate, cuyas audiencias se llevarán a cabo hasta mediados del próximo mes. Por su parte, las distintas defensas expusieron argumentos en contraposición a la acusación de la fiscalía. Entre ellos, aludieron que la intención de los acusados no fue el secuestro extorsivo, sino solamente apoderarse de la camioneta de Giménez para luego venderla.
Primer testimonio
El primer testigo en declarar fue Alvaro Giménez, hijo de la víctima, quien brindó un preciso detalle de los movimientos de su padre previo a ser reducido, y confirmó las llamadas que recibió de los acusados y cómo se llevaron adelante los diálogos con aquellos en torno al dinero del rescate. El testigo aseguró que, del relato de su padre luego de ser rescatado, supo que los cuatro acusados estuvieron en la habitación donde estuvo cautivo, y que fue golpeado y amenazado con una pistola mientras hacía los llamados por el dinero. Enfatizó que el hecho trajo muchas complicaciones al entorno familiar, en especial a su padre, ya que aún permanece bajo tratamiento psicológico por el suceso que vivió, a tal punto que hasta la fecha no pudo retomar su rol como presidente del directorio de la empresa de transporte El Cóndor. En el epílogo de la audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva de los acusados. La defensa de Rodríguez volvió a oponerse e instó la morigeración de la medida de coerción.
