Hay sospechas sobre porqué los imputados no se encuentran detenidos. “Con 5 mil millones de pesos y estando en libertad, pueden hacer lo que quieran”, afirmó.
Los manifestantes concentraron en puertas de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que preside Salinas Odorissio, y que se encuentran calle Santa Fé 48.
Saulo SRL, financiera que estafo a sus clientes por más de $5000 millones, es un nuevo capítulo más de pero con diferente resolución a los casos que le acontecieron como Ríos & Asociados y Generación Zoe. Según manifestantes, existen más de 500 denuncias penales por el hecho.
Y es que pese a la similitud en los hechos, la jueza Claudia Puertas accedió a un pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorissio de declarar en incompetencia a la justicia provincial, transfiriendo la causa al fuero federal, lo que significaría un estancamiento de la causa según testimonio de damnificados a Nuevo Diario.
El querellante, Facundo Burgos, quien representa a más de 200 víctimas de las estafas de Saulo presentó una apelación a la decisión del juzgado de declarar la incompetencia. Puertas según explicaron, debía hacer correr el pedido al Tribunal de Impugnaciones para que defina si se hacía lugar o no al recurso planteado, sin embargo la propia jueza Puertas rechazo el pedido.
“Me denegaron la apelación por encontrarse en el Juzgado Federal. Llegamos a un extremo ya. La apelación jamás la pueden denegar. La apelación es un derecho que yo tengo a interponer ante un tribunal jerárquicamente superior. El Juzgado de Garantías, el mismo que se declaró incompetente, el de Claudia Puertas, fue el que lo denegó”, explicó Burgos a este medio.
A Burgos desde el Juzgado Federal, que ya tiene el expediente en su jurisdicción, lo habrían llamado para consultar si el letrado iba a apelar la decisión del Juzgado Provincial, ya que aún estaba en los plazos hábiles. Ante la respuesta afirmativa de Burgos, desde el fuero federal argumentaron que una vez apele devolvieron el expediente al fuero provincial.
“Ella automáticamente lo único que tiene que corroborar es que sea admisible la apelación, que este interpuesta en tiempo y forma. Si ella vio que esta eso, ella perdió jurisdicción para enviarlo. Tiene que enviarlo, no tomar una decisión. Se está tomando atribuciones que no le corresponde, esa es la realidad”, explico el abogado.
Los damnificados calificaron estas acciones como “vergonzosas” y dejaron entrever la sospecha sobre la figura de Puertas y su inacción sobre los imputados en los delitos de estafas.
Marcelo Morales y Nelson Cabana, señalados como artífices de los delitos continúan el libertad, a diferencia de los casos de las anteriores financieras truchas, y pese a que existe un pedido de las querellas para que ambos sean detenidos para que no puedan intervenir en la investigación.
Para dar un ejemplo de la diferencia, Burgos comento que en el caso de Ríos & Asociados no existían pedidos de detención de las defensas de las victimas sino que fue el propio Ministerio Público Fiscal el que actuó de oficio.
“Solamente me limito a manifestar que la gente de Saulo actualmente tiene 5 mil millones de pesos en su poder. Con 5 mil millones de pesos y estando en libertad, pueden hacer lo que quieran. Y lo están haciendo. Lo que estoy diciendo da a entender todo lo que estoy queriendo hacerles entender”, dijo uno de los damnificados ante la consulta del porqué de la inacción de Puertas.
Los argumentos de Salinas Odorissio
La misma fiscal que actuó de oficio en el caso de la estafa de la financiera trucha de Ríos & Asociados, es la que se declaró en incompetencia y tiene la intención de enviar la causa al ámbito federal.
El argumento de Salinas Odorisio, es que ella manifiesta a lo largo de la prueba que produjo a lo largo de la investigación que la financiera Saulo no tenía la habilitación para realizar actividades como financiera, según comento el abogado de la querella.
Existe una habilitación que tiene que ser ante el Banco Central para poder llevar ese tipo de actividad, y que al no tener este permiso, Saulo caía en un delito por defraudación fiscal ante la administración nacional, que corresponde a la justicia federal dirimir en ese caso.
“La fiscal está totalmente equivocada. El informe del banco del juzgado federal que yo pude ver, no existe intermediación entre Banco Central y Saulo. O sea, estoy un 99% seguro que esta causa va a volver al juzgado provincial”, manifestó Burgos.
La querella mostro confianza en que la causa volverá al fuero provincial, pero desde los damnificados lamentaron las trabas que desde la justicia provincial les ponen para que se pueda llevar a juicio a aquellos que los estafaron.
