La jueza ratificó que se encuentra vigente la acción penal del caso, la cual ya había sido declarada el 17 de marzo de 2.017 por el exjuez federal Miguel Medina, de ese mismo juzgado, a instancia de un pedido del fiscal general Eduardo Villalba.
La nueva resolución que declara el caso como una grave violación a los derechos humanos fue dictada el miércoles pasado en respuesta a un pedido formulado el 1° de septiembre pasado por el fiscal general Carlos Martín Amad, quien se encuentra a cargo del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta.
En aquella presentación, el representante del MPF había requerido que “se tengan por acreditados los hechos de los que fue víctima Fortuny, sin perjuicio de la imposibilidad material de persecución penal, atento al Derecho a la Verdad que asiste a las víctimas”.
Había considerado acreditado el asesinato ocurrido el 23 de noviembre de 1973 en la vereda de un hotel ubicado frente a la plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad. El hecho le fue adjudicado en carácter de autor material al expolicía provincial Emilio Pavichevich, fallecido el 17 de septiembre de 1.988.
El fiscal había relatado que, aproximadamente a las 22.00 de aquél 23 de noviembre, Fortuny se acercó a la mesa de un bar ubicado sobre calle la Zuviría casi esquina Caseros, perteneciente al hotel Victoria Plaza, donde se encontró con el acusado, quien compartía entonces una mesa con Reinaldo Flores, Rafael Gaudelli, Julio César Salas y Roberto Hattis.
En su relato de los hechos, el fiscal había añadido que, de pronto, el expolicía y la víctima comenzaron a discutir por motivos políticos hasta que Pavichevich intentó golpear a Fortuny, para luego tomar distancia y sacar una pistola, con la cual le apuntó. De acuerdo con los elementos de prueba que el fiscal había expuesto en su presentación, la víctima abrió su saco y le dijo al acusado: “Tirá, tirá si sos macho”.
Había agregado que, segundos después, el acusado le disparó, y que Fortuny, herido de muerte, caminó unos pasos hacia la entrada del hotel y cayó sin vida al piso.
El tirador fue condenado a tres años por homicidio en estado de emoción violenta
El fiscal había reseñado en su presentación a la jueza Giménez que el 11 de agosto de 1.975, Pavichevich se presentó espontáneamente en el Juzgado de Instrucción Tercera Nominación de la justicia provincial y que se dio inicio a la causa por asesinato, que concluyó el 30 de marzo de 1.978 con una condena de tres años de prisión como autor del delito de homicidio en estado de emoción violenta, pena dictada por la ex Cámara Primera en lo Criminal.
En su planteo, y a modo de contexto, el fiscal Amad había mencionado que la muerte de Fortuny tuvo lugar días después de su renuncia como jefe de la Policía de la provincia, en el marco de una campaña de persecución política y fuertes presiones por parte de otros jefes de la cúpula policial.
Para la fiscalía, con posterioridad al crimen se desplegaron “un conjunto de maniobras dirigidas a lograr la impunidad del homicida, en la que tomaron intervención grupos paraestatales organizados, y disidentes al gobierno de Miguel Ragone, los que actuaron al amparo de las estructuras estatales que controlaban”.
En su resolución, la jueza reconoció un “vasto análisis probatorio” realizado por la fiscalía en torno a tres aspectos fundamentales: la actividad política de Fortuny, su gestión al frente de la Policía de la Provincia de Salta y la persecución que sufrió en razón de esa actividad; el asesinato en sí mismo; los sucesos posteriores.
Al referirse a la trayectoria política de la víctima, la jueza se remontó a 1958, cuando Fortuny había resultado electo vicegobernador de la provincia de Salta como compañero de fórmula de Ragone. El mandato no pudo concretarse porque habían sido anuladas las elecciones en razón de la proscripción al peronismo.
La jueza reseñó que, en consonancia con estos antecedentes, Rubén Fortuny (hijo menor de la víctima) había recordado reuniones entre su padre y Ragone, que se hacían en casa de su familia, en las que generalmente conversaban ellos dos solos.
Política de seguridad
La magistrada también tuvo en cuenta que el hijo de la víctima había referido que, por la condición de civil y su militancia política con una visión diametralmente distinta sobre la política de seguridad, Fortuny había sido fuertemente resistido desde el primer momento por parte de la cúpula policial, vinculada a las prácticas represivas de la época.
En efecto, en la resolución judicial se precisó que la víctima llevó adelante una reforma orientada al cambio del papel represivo de la Policía para ponerla al servicio y cuidado de la población, para lo cual se propuso el desmantelamiento de las estructuras opresivas vigentes al tiempo de los hechos. En el marco de esa política, había ordenado que no se reprimiera la protesta social y había clausurado los calabozos de la Central de Policía, entre otras medidas.
Añadió que es público que durante el gobierno de Ragone, entre los años 1.973 y 1.974, el mandatario mantuvo un enfrentamiento público con la cúpula policial en razón de que bajo la gestión de Fortuny se había desbaratado la denominada “banda de los comisarios”, conformada por la cúpula policial, a la que se le adjudicaban numerosos hechos de tortura a perseguidos políticos.
