El fiscal había pedido la prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) sin sustento admisible. Al haber vencido el plazo que prevé el artículo 256 del Código Procesal Penal para la IPP y con la finalidad que el imputado sea juzgado en un tiempo razonable, la jueza rechazó el pedido el 24 de agosto pasado.
Sin embargo, el pasado 18 de septiembre el fiscal amplió la imputación incorporando una tercera víctima, pretendiendo con ello reanudar los plazos de la investigación pese a que el pedido de prórroga ya había sido denegado por la jueza de Garantías 6. Esto podría ocasionar un grave perjuicio al desarrollo del proceso denotando una falta de cuidado en el ejercicio de la función que debe desarrollarse con objetividad, lealtad y respeto a las garantías constitucionales.
En la causa, Daniel Sebastián Castilla fue imputado el 10 de abril pasado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa por ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza policial por su función, cargo o condición en grado de tentativa en perjuicio de Fátima Cardozo. Y cuatro días después, el 14 de abril, la imputación se amplió a homicidio agravado por ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza policial.
