En el marco de una investigación vinculada a presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública, el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, integrante de la Unidad Fiscal Ambiental, solicitó al Juzgado de Garantías 7 el registro y allanamiento de un inmueble situado en Ruta Provincial Nº 39, en la localidad de La Pedrera.
El propósito de esta acción, fue el secuestro de muestras de productos frutihortícolas de la finca señalada, así como la realización de una inspección ocular y documentación de las actividades de riego y producción de hortalizas.
La finca en cuestión contaba con una toma de agua clandestina que era usada para extraer agua del Río Arenales, a la altura de la Planta Depuradora Sur, lo que fue detectado el martes por el Ente Regulador de los Servicios Públicos durante una inspección. El recurso luego era utilizado para regar hortalizas.
El fiscal Jovanovics consideró crucial la recolección de muestras de las hortalizas producidas en la finca para verificar la presencia de virus, bacterias o parásitos provenientes de las aguas contaminadas, que podrían afectar la salud de la población.
En el allanamiento realizado ayer, los ingenieros Leonor Barrenechea y Joel Medina del Laboratorio del CIF, realizaron el levantamiento de muestras de vegetales como lechuga, brócoli, zanahoria y perejil.
En la investigación actúa la Fiscalía Penal Nº 5, ya que fue designada como parte de la Unidad Fiscal de la subcuenca Arias – Arenales, emitida por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella.
El Procurador fue informado por el Ente de los resultados de su relevamiento y el informe técnico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, donde se remarcó que la toma de agua detectada carecía de autorización y representaba riesgo de contaminación.
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En el informe se indicó que el propietario de la finca, Luis Lavaque, admitió que, debido a la disminución del caudal de sus pozos someros por la crisis hídrica, se estaba bombeando agua desde el río sin contar con los permisos necesarios. Además, se informó que actualmente está en ejecución la obra de Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora Sur debido a que su capacidad está superada, lo que contribuye a un alto riesgo de contaminación del Río Arenales.
Los hechos descriptos podrían configurar el delito de contaminación de un modo peligroso para la salud de las aguas potables detinadas al uso público, previsto en el artículo 200 del Código Penal y que establece una pena de tres a diez años de reclusión o prisión.
