En el fallo expresa que “el requisito de procedibilidad representado por la denuncia puede obviarse, cuando mediaren razones de ‘interés público’”, esto ante la estrategia de la defensa que había logrado el sobreseimiento del imputado.
Por este caso ,el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó se conforme un Tribunal de Enjuiciamiento para evaluar la conducta del fiscal federal de Salta, acusado de golpear a su mujer la noche del 22 de mayo pasado.
El Juez Federico Armiñana Dohorman acogió favorablemente la impugnación efectuada por la representante del Ministerio Público Fiscal de Salta, contra la resolución del Juzgado de Garantías Nº 7 que había dictado el sobreseimiento del acusado por tres delitos imputados; al tiempo que convalidó la actuación policial que dio inicio al proceso penal y rechazó las críticas que al respecto había articulado la defensa técnica.
En primer orden, el magistrado judicial sostuvo que, según el art. 72 del Código Penal, el requisito de procedibilidad (actuación de oficio de las autoridades estatales) representado por la denuncia puede obviarse cuando mediaren razones de interés público, afirmando que ello ocurre en hechos atravesados por violencia de género.
Así, sostuvo que “la cuestión de género se inscribe dentro de esta previsión normativa, al reunir las notas que le otorgan una importancia capital por encima de cualquier otra consideración, y que exige a todos los operadores estatales extremar los recaudos a los efectos de asegurar la tutela a la que se encuentra obligado, como imperativo insoslayable, nuestro país”.
Ahondando sobre ese punto, resaltó que la ausencia de voluntad de denunciar expresada por la víctima debía analizarse en el contexto de los hechos del caso, para lo cual consideró “la desigualdad consustancial a tales relaciones y la percepción condescendiente y errada de la realidad por parte de la mujer, al estar contaminada, principalmente, por el miedo”.
Según explicó el magistrado, ello fue reconocido por la propia víctima al decir que una de las posibilidades que temía radicaba en las consecuencias disciplinarias que la apertura de un proceso penal podría traer aparejado para su cónyuge en el ámbito laboral e, indirectamente, las posibles represalias que ello le acarrearía, más allá de la posible desintegración del núcleo familiar, que cargaría como responsabilidad suya.
Concluyó ese tópico el Vocal de la Sala IV, considerando que la decisión de no radicar denuncia “debe ser ponderada con máximo rigor, puede inscribirse dentro del denominado ‘Ciclo de la Violencia’, concretamente en el tercer segmento denominado ‘luna de miel o arrepentimiento’, en el que el agresor, luego de la ‘acumulación de tensión’ y su ‘explosión’, pide perdón.
Esta segmentación permite comprender las motivaciones internas de la ofendida y pone de manifiesto también el clima de permanente tensión y su aumento progresivo en intensidad y frecuencia, lo que debe encender todas las alarmas del sistema estatal”.
Se revoca el sobreseimiento dictado por el delito de Daños, compartiendo la crítica efectuada por la fiscal Luján Sodero, al afirmarse que no podía “ignorarse el contexto de violencia de género en el que se enmarcaron los perjuicios materiales irrogados”, en el cual la destrucción de objetos del hogar podía considerarse como violencia económica y patrimonial (art. 5º, Ley 26.485) y que no resultaba procedente la excusa absolutoria prevista en el art. 185 del Código Penal.
También se revocó el sobreseimiento por el delito de Resistencia a la Autoridad, señalándose que la acción típica no requiere necesariamente el uso de violencia física (como había considerado la Juez de Garantías) y puede incluir acciones de contenidos amenazantes hacia el personal policial, lo que el Tribunal de Impugnación entendió que se daba en el caso, al decir que de los elementos hasta ahora obrantes en el legajo fiscal, surgía que el imputado “les pedía a los efectivos sus nombres para hacerlos echar de la fuerza, haciendo gala así de su cargo como Fiscal para entorpecer la actuación policial”.
