A través de una nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, se da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
Esta decisión se enmarca dentro de los ejes de la campaña electoral de la Libertad Avanza, que cuestionó el modo de nombramiento a los titulares de estos registros, afirmando que son parte de “la casta política”, en relación a designaciones que se realizaron a ex funcionarios o familiares de funcionarios. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
En todo el país existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
Además del cuestionamiento de ser una caja política, existe un debate vínculo al funcionamiento del sistema, que en muchos casos es considerado costoso, complejo y burocrático. Por ejemplo, las diferencias entre los aranceles de transferencia dependiendo del origen del vehículo; o la cantidad de formularios a presentar con la exigencia de la presencialidad.
Según trascendió, en el caso de Salta, serán intervenidos tres registros: el 17003 ubicado en Orán, el 17011 de Salta Capital y el 17005 de Tartagal.
Fuente: Infobae
