El Ente quedo bajo la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología perteneciente a la Jefatura de Gabinetes de Ministros.
La intervención se dará en el plazo de 180 días prorrogables si así lo considera la secretaría a cargo, designando como interventor a Juan Martin Ozores.
Los objetivos de la intervención serán elaborar un informe del estado de situación y estructura actual de ENACOM. Relevando todos los procesos judiciales y administrativos en los que se encuentre involucrado el ente, teniendo en cuenta las implicancias del DNU N 690/2020.
Dicho DNU fue establecido durante la pandemia de COVID-19, en el gobierno de Alberto Fernández. La cuarentena obligatoria motivó al gobierno nacional a disponer medidas que fomenten el acceso a la información, educación y entretenimiento durante el aislamiento social. De esta manera se decretó a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como servicio público esencial.
La medida obligó a las prestatarias de servicio a un congelamiento de tarifas sin la posibilidad de fijar precios para las empresas.
Una vez terminado el estado de emergencia sanitaria por la pandemia, la medida quedó extendida de forma permanente. Ante esto, las empresas con Telecom a la cabeza, iniciaron los múltiples procesos judiciales mencionados anteriormente contra ENACOM.
Considerando esto, el ejecutivo considera necesaria la intervención para poder habilitar a las empresas a fijar precios y competir en el mercado libremente, además de la desregulación para fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink, el avance tecnológico y la convergencia en el sector de las TICs.
Sin embargo la intervención de ENACOM, dejaría fuera otros propósitos que tiene el ente, como garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información en zonas rurales.
