Con estos números, 4 de cada 10 argentinos es pobre y totalizan 16 millones. La cifra de la UCA también se aleja bastante de la última mediación del INDEC que marcó 35,4% para el primer semestre del año.
Los motivos para este aumento deben encontrarse en la crisis económica que empeoró este año con una nueva devaluación del peso y una inflación que terminará el año en torno al 54%, sumado a la caída del salario real y la recesión.
La medición de la UCA mostró un avance del 33,6% del tercer trimestre de 2018 al 40,8% actual. Se trata del mayor registro de la era Macri confirmando que los dos últimos años de gestión fueron los peores en términos de pobreza. Si el Presidente pidió hace tres años que se mida su administración por el nivel de pobreza que deja, los números lo dicen todo.
Fuerte salto de la indigencia
La indigencia pasó de 6,1% a 8,9%, es decir que en Argentina afecta a 3,6 millones de personas y afecta con más intensidad a los segmentos sociales de la clase trabajadora marginal y a los hogares del conurbano bonaerense.
Otro dato revelador es el fuerte aumento de la indigencia en el segmento obreros y empleados pasando de 4,5% a 8,5%, lo que puede inferirse es que son personas con trabajos con sueldos tan bajos que quedan en este segmento.
La indigencia afecta también a niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años. Según el trabajo de la UCA, el 14,8% de los niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de indigencia.
Las proyecciones son peores
Los especialistas de la UCA indican que pese a la pésima coyuntura de los últimos años, existe una fuerte pobreza estructural que sigue creciendo. En los últimos 10 años las brechas en el bienestar económico de los hogares no han disminuido, se presentan como estructurales y asociadas a la falta de demanda de empleo productivo de calidad y de políticas de inversión y desarrollo más agresivas en materia de vivienda, hábitat, salud y educación, denuncian.
También aclaran que la actual crisis 2018-2019 -al igual que en 2008, 2014 y 2016- no han sido destructivas del sistema productivo ni financiero formal. Sin embargo, explican, han sido corrosivas para la micro, pequeña y mediana empresa, así como para los sectores de la economía social.
