El Procurador consideró que corresponde la intervención del máximo órgano de Justicia porque es un tema de su competencia originaria por tratarse de una demanda del Estado Nacional contra una provincia.
“En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. En efecto, toda vez que el Estado Nacional -que tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional- entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia (...), cualquiera sea la materia del pleito”, argumentó el Procurador.
Lo que se reclama
El Gobierno nacional solicitó que la Corte Suprema declarara inconstitucionales varios artículos de la nueva constitución aprobada en Jujuy, con el argumento de que violan “el orden institucional” y “derechos y garantías” consagrados en la Constitución Nacional.
Puntualmente, el Poder Ejecutivo cuestionó que se haya dispuesto “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”. También cuestionó que la reforma se hubiera aprobado sin la “debida y previa consulta a los pueblos originarios interesados”.
En tanto el presidente Alberto Fernández intervino el Partido Justicialista de la provincia dado que dirigentes de la misma fuerza apoyaron la nueva constitución y demostraron así que “comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista”.
