A raíz de la internación que atraviesa la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y “el creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales”, la Corte IDH solicitó al Estado argentino informes sobre su salud y “sigue con atención su situación”, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un comunicado.
El informe de prensa de la secretaría recordó que Sala es beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal internacional, que ordenó “proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy”.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte IDH consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que la ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
En el marco de aquella resolución de 2017, la Corte IDH concedió al Estado argentino “un plazo hasta el 13 de julio de 2022 para que remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria”, según precisó el documento del tribunal internacional.
En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos argentina volvió a señalar que “las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Sobre el estado actual de salud de la dirigente social, uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, dijo ayer en declaraciones a Somos Radio 530, que Sala “está estable y un poco mejor, los anticoagulantes parecen hacer efecto”.
Sin embargo, el abogado expresó que Sala recibió una notificación de un juez que “sólo busca hostigar, molestarla y transmitirle una mala noticia”.
Además, el abogado subrayó que “es imposible” que Sala vuelva a cárcel común, algo que pidió ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dado que “hay una medida vinculante de la Corte Interamericana”, explicó.
En ese sentido, agregó: “Es una expresión de deseo de él, pero hay una medida que lo impide”.
Moratoria previsional
Sin el aval explícito del ministro de Economía Martín Guzmán, el bloque oficialista del Senado avanzó en la tarde de ayer y dio media sanción al proyecto de ley que elaboró el kirchnerismo que establece un nuevo programa de regularización de deudas previsionales para aquellos que estén a punto de jubilarse. Según informó el Anses, la iniciativa le demandaría al Estado casi $200.000 millones en los próximos dos años. El proyecto se aprobó con 38 votos positivos del bloque oficialista, que sumó el apoyo de los senadores Weretilneck (Juntos somos Río Negro), Clara Vega (Hay Futuro) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal). El interbloque de Juntos por el Cambio votó dividido: 18 senadores se abstuvieron mientras que otros seis (en su mayoría de Pro) votaron en contra.
