El documento se titulo “Transporte público del interior, crónica de una crisis con responsables”, e inició remarcando que desde hace varios años la FATAP venía advirtiendo que la movilidad masiva de los ciudadanos del interior del país “se encaminaba hacia un triste final”.
“La intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al Transporte del Interior, después de haber afirmado que terminaría con la discriminación que este último sufría en la asignación recursos, es la culminación del proceso de deterioro denunciado”, afirmaron.
A ello, agregaron que la desidia se hace presente en un momento inoportuno como el actual, “cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores -principales usuarios del transporte público- quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro, si no se adoptan medidas urgentes”.
Ante ello, afirmaron que los responsables de la situación son quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte del interior pero contribuyeron “por acción o omisión” a esmerilar el capital de las empresas prestadoras y su infraestructuras, “llevándolas a una situación de impotencia y riesgo cierto de desaparición”.
La FATAP también consideró que la preocupación de las autoridades locales llega “a detiempo”, y criticaron que hoy se ven las consecuencias de “establecer tarifas irresponsables”.
Sin embargo, afirmaron que “no hay tiempo para perder en disputas y pases de facturas”, sino que se debe trabajar en retomar el respeto a los contratos, privilegiar el profesionalismo, la toma de decisiones y lograr reglas claras, previsibles y duraderas que protejan a la inversión y al trabajo.
“Las más de 250 EMPRESAS ARGENTINAS nucleadas en FATAP han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica”, señalaron.
En el tramo final del documento, la Federación sostuvo que el sistema de transporte del interior está en una crisis que no admite indefiniciones, por lo que es imprescindible generar un marco legal y económico previsible; que no hay capacidad empresaria para absorber costos operativos adicionales; que los recursos deben generarse en el momento en que el usuario consume el servicio porque la empresas perdieron el crédito comercial con sus proveedores; y que se necesita un plan de financiamiento de largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura.
“Sin un plan de acción que implemente inmediatamente lo expresado en los puntos anteriores, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y FATAP, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del Interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades”, finalizó el comunicado.
La opinión de la UTA
La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) también emitió un comunicado, titulado “¿Hacia un cambio de paradigma en el transporte público? ¿Y los trabajadores?: Seamos protagonistas”, donde advirtieron que las decisiones del gobierno nacional muestran una clara intención de modificar por completo el sistema de transporte.
Además, criticaron que el ejecutivo indique que se seguirá dando aporte social a quienes lo necesiten, pero únicamente a través de tarjeta SUBE. “Se desregula completamente el transporte de pasajeros y se lo deja a la buena de Dios. Hay jurisdicciones que no utilizan SUBE”, remarcaron.
“Ante este nuevo cuadro de situación, las compañías tendrán la facultad para subir el valor de sus tarifas sin ningún tipo de límite, generando discordia y conflictos entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, afectando a la ciudadanía y a los usuarios en general y a los trabajadores y sus fuentes de trabajo en particular”, afirmaron.
UTA consideró que el cambio del sistema se está realizando “sin la mínima transición o planificación”, y que sin una hoja de ruta clara “el sistema colapsará, inevitable e irremediablemente”.
Ante ello, advirtieron que “peligran los salarios, las fuentes de trabajo y todo el sistema de transporte de pasajeros”, a la vez que manifestaron que buscan la paz y tranquilidad social, por lo que solicitaron ser parte de la hoja de ruta o plan de transición que debería realizar el gobierno nacional.
