En el caso de Nahuel, una policía de civil les pidió cargar su celular en la casa y luego le informó que tenía una citación para él, que debía presentarse en la oficina de delitos complejos. Le dijeron que suba a un auto sin patente, Nahuel decidió ir en su propio vehículo. Antes de ir preguntó varias veces si había orden de detención contra él, le dijeron que no. Pero al llegar a la oficina, verbalmente, el fiscal Walter Rondón ordenó su detención y el secuestro de su celular.
Durante más de 24 horas estuvieron presos en una comisaria sin conocer la causa. El 5 de enero, por la tarde, fueron imputados a pedido del fiscal en la causa caratulada “Investigación Penal Preparatoria M Morandini, H. R Villegas y personas a establecer ART.89.ART.139.ART.138.” Se los acusa de lesiones, alteración de estado civil e identidad de una menor. Las únicas pruebas que presentó el fiscal fueron una publicación de twitter en el caso de Morandini y en Facebook en el caso de Roque. Ambos se hacían eco en tono irónico de ciertos rumores de infidelidad, y sobre el que existen numerosas publicaciones en las redes sociales jujeñas.
En la mira de los DDHH
El fiscal no fundamentó el motivo para solicitar la prisión preventiva de los dos imputados. Los abogados defensores, pidieron la libertad entendiendo que se habían puesto a disposición del juez, entregando voluntariamente sus celulares y sin ofrecer resistencia. Pero por instancia del fiscal Walter Rondón, sin requerir fundamentos, el juez Roberto Assef, ordenó 60 días de prisión preventiva, tras montar un operativo excesivo con infantería rodeando la cárcel y se cerraron todas las puertas. Los demás presos creían que llegaban dos grandes delincuentes, pero eran dos usuarios de redes, con la peligrosidad que aparentemente representan sus publicaciones.
Pero además de estar presos, estuvieron castigados y en condiciones infrahumanas.
Cabe recordar que la provincia de Jujuy es señalada hace años por distintos organismos internacionales como la ONU y organismos nacionales de Derechos Humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo, por su sistemática violación a los Derechos Humanos, sus constantes represiones policiales y prisiones políticas.
En este sentido, durante el año pasado, el Gobierno radical, encabezado en su momento por Gerardo Morales, aprobó entre gallos y medianoche una nueva constitución provincial que no reconoce a su homónima nacional, ni a los acuerdos internacionales en materia de derechos sociales, laborales, políticos e indígenas (OIT).
