"En tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Ese es el fundamento central del proyecto de juicio político que el Frente de Todos presentó en el Congreso para someter a juicio político a los jueces del máximo tribunal.
La iniciativa desarrolla a lo largo de sus 84 páginas los antecedentes en los que se funda el pedido de remover a los magistrados, detalla las conductas reñidas con sus funciones en las que incurrieron y consigna quiénes, además de los propios supremos en su condición de acusados, deberían comparecer como testigos al cabo del proceso previsto en la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.
Los principales puntos del pedido de juicio político a la Corte
La acusación contra los supremos es "por mal desempeño", en base al artículo 53 de la Constitución Nacional.
Se afirma que los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, dice el texto.
Señala que en el fallo sobre la coparticipación, los cuatro integrantes del tribunal dictaron "una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
También cita los chats que desataron el escándalo institucional dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura", afirma el proyecto.
"Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (...) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas", dice el proyecto.
Además, se menciona una frase lanzada por Rosatti en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales. Allí el presidente de la Corte expresó que que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder, algo que los diputados oficialistas interpretan como "una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales".
Entre los cuestionamientos a los jueces también están el fallo para declarar aplicable el cómputo conocido como "2×1" para un represor y una serie de "incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Los citados a la Comisión de Juicio Político
El proyecto presentado por el oficialismo pide que sean citados a la Comisión de Juicio Político los cuatro jueces de la Corte Suprema denunciados: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Además, los legisladores del Frente de Todos requirieron que presten declaración testimonial más de 40 personas, entre las que están los protagonistas de los "chats del lawfare": Silvio Robles, asesor de Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteño en uso de licencia.
En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados además "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".
También fueron convocados una serie de gobernadores, varios de los cuales impulsaron el juicio político a la Corte junto al presidente Alberto Fernández. Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán(Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A la lista se suman figuras del derecho como Baltazar Garzón, Damián Loretti y Andrés Gil Domínguez y distintos organismos de derechos humanos.
Fuente: Página 12
