Desde la campaña, Javier Milei repite como mantra: “Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan. Pero vamos a una iniciativa privada a la chilena”. El esquema de Participación Público Privada (PPP) al que hace referencia se implementó en la década de los 90 y significa que el Estado le otorga la facultad al empresariado de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones. El ejemplo más claro es un corredor vial, donde el privado cobraría peaje a cambio de realizarlo, pero también en Chile se han realizado bajo esta modalidad aeropuertos y cárceles.
El Estado chileno mantiene una porción de sus obras de infraestructura bajo la mano del Estado: según el propio Ministerio de Obras Públicas, el gobierno invierte el 4,1% del PBI.
Milei hasta ahora sostuvo que solamente el sector privado llevará a cabo las obras: “Si no es rentable para el mercado, entonces no es deseable socialmente", sostiene el presidente electo.
El sobreprecio recae en los usuarios
Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y fundador de Grupo de Puebla, sostuvo que el modelo PPP ha funcionado regularmente en el país latinoamericano, pero advirtió algunos de los cuestionamientos. El primero es el sobreprecio que se le cobra a los usuarios porque deja al privado "cobrar lo que quiera”, dijo Ominami y recordó que previo a la regulación detallada de contratos, los chilenos “podían endeudarse hasta 50 veces por falta de pago y terminar abonando hasta u$s30.000” por no pagar el peaje en un corredor vial.
En este sentido, asegura que la comparación entre el sistema económico que funciona en Chile y el de Argentina no es posible, porque allí “todo está basado en un sistema libre de elegir, pero es una trampa, no es la libertad de elección, sino la libertad de endeudarse”. Así, los hogares están endeudados en un 75% frente a los bancos, y los alumnos a los 23 años ya mantienen deudas de u$s20.000 para acceder a sus estudios.
La segunda advertencia tiene que ver con la capacidad limitada del Estado para “tomar decisiones democráticas y políticas”. Aquí también aparece el riesgo de discrecionalidad a la hora de definir los proyectos: el Estado tiene la facultad de determinar prioridades pero, si un privado le acerca una obra y se acepta, en varias ocasiones no queda claro el criterio de selección frente a otros proyectos.
