Los infantes reciben tres dosis a los 3, 5 y 15 meses, a fin de evitar el ataque del virus que, según lo reconoció el ex Ministerio de Salud de la Nación (hoy rebajado a Secretaría), es la edad en la cual la tasa de mortalidad es más alta.
Esos fueron los fundamentos de la cartera sanitaria nacional cuando decidió interrumpir la vacunación antimeningocócica a chicos y chicas de 11 años, según lo establecido por el calendario de vacunación obligatoria.
La nueva vacuna ingresó a ese calendario el año pasado, pero en ningún momento se regularizó y no se pudo conocer oficialmente la razón.
La decisión del gobierno nacional afecta sobre todo a aquellos niños sin obra social. Sucede que en general las entidades que dan cobertura sanitaria a los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia o tienen una prepaga, decidieron cubrir el costo de la vacuna para sus pequeños afiliados.
Unos 13 mil chicos
En Salta, son cerca de 13 mil chicos y chicas de 11 años que, entonces, no accederán a la vacuna de manera gratuita. El costo por dosis supera los dos mil pesos. Mientras, el total de chicos que deben recibir la vacuna en toda la provincia (respetando a los de menos de un año y a los de 11 años), son más de 50 mil.
“Se suponía que la semana que pasó iban a enviar las vacunas. Pero aún no hay nada y ya hicimos los pedidos”, dijo Jure al ser consultada por Nuevo Diario ante la novedad de un fallo de la Justicia Federal de Buenos Aires, que obliga al gobierno a hacerse cargo de esta vacunación para los chicos de 11 años.
El caso surge de la resolución de la Justicia Federal de La Plata que dio lugar a la medida cautelar que presentaron la mamá de una nena de 11 años y la Asociación Civil AJUS La Plata-Ensenada y ordenó restablecer en forma gratuita la vacuna del meningococo.
La medida del Juzgado Federal 2 de la capital bonaerense ordena que el Estado se abstenga de suspender la Resolución 10/2015 del Ministerio de Salud de la Nación sobre la vacunación contra el meningococo para los menores de 11 años.
De este modo, el juez Adolfo Gabino Ziulu determinó que el Estado deberá vacunar gratuitamente a la pequeña, facilitando los medios necesarios para hacerlo, en un término no mayor a diez días.
