La intervención al edificio la realizaron para visibilizar la problemática sobre los desmontes y contra de la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de poner en revisión la decisión de suspender desmontes en 32 fincas que habían sido recategorizadas como zonas de conservación (caracterizadas por los colores rojo y amarillo dentro del Ordenamiento Territorial), a zonas verdes aptas para desmontar.
Junto al ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman -quien había instado primero a la provincia a suspender los desmontes por ser las autorizaciones contrarias a la lº de la Ley Nacional de Bosques Nativos- el gobernador firmó un convenio para “revisar” en 30 días la suspensión de desmontes en las 32 fincas que habían accedido con la venia de la provincia a autorizaciones para desmontar en donde no se debía.
Normas ilegales
La provincia había dictado dos decretos en 2011 para recategorizar las tierras. Si bien estos instrumentos no lo dicen, la práctica dejó en claro que el espíritu de los decretos era permitir el desmonte en donde, por Ley (nacional y provincial), se prohibía el paso de las topadoras. Las críticas a la destrucción del monte en el norte provincial y los perjuicios que provocaban a comunidades indígenas y criollas terminaron por generar que el gobierno provincial derogue las cuestionadas normativas. Pero tras la decisión de dejar atrás este marco legal, se decidió que sigan adelante los proyectos de desmonte que se habían aprobado, burlando las leyes vigentes al día de hoy y que protegen los bosques.
Resolución ignorada
Por una resolución que salió este año, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación se instó a la provincia a suspender los desmontes en las 32 fincas, dado que había tierras que se habían salvado del paso de las topadoras.
El malestar de los grandes productores afectados por la decisión, entre ellos Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante importante de las empresas de la familia del presidente Mauricio Macri, tuvo como voceras a entidades como la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas que lograron un convenio de revisión de la suspensión de los desmontes.
En ese momento los ruralistas se mostraron dialoguistas en la firma del convenio. La posición es totalmente contraria a la que mostraron con su ausencia a la mesa del Consejo Asesor Revisor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), de Salta.
En el medio de las observaciones y pese a las órdenes de suspensión de los desmontes emitidas desde el gobierno provincial y la Nación, Greenpeace comprobó, a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, que los desmontes siguen ocurriendo en tres de las treinta y dos fincas.
Las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas) continúan siendo arrasadas. La primera es de Braun Peña, la segunda de Pedro Cignetti (empresario puntano) y la tercera de Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
