Las denuncias sobre las quemas ya se habían hecho conocer a la Secretaría de Ambiente, a cargo de Irene Soler, el 27 de julio pasado por la entidad ambientalista en la cual indicaban que con esta acción incumple la Ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativo.
La denuncia original acusaba que la acción se desenvolvía en la Finca Santa Magdalena, que pertenece a Anta del Dorado SA, distante a sólo 7 kilómetros del límite norte de la Reserva Nacional Pizarro y a 12 kilómetros del pueblo de Pizarro.
En aquella denuncia radicada ante Ambiente el 27 de julio indicaban que "se está realizando la quema de un campo que fue cadeneado, pero no acordonado. Con esta acción ilegal, perece la fauna nativa y además no se realiza el aprovechamiento de la madera establecido por la legislación vigente", indica la denuncia sostenida en aquel momento.
Se había solicitado ya en aquella ocasión que la dependencia oficial arbitre los medios para hacer cumplir la legislación vigente paralizando la acción que incumplía la norma. Pero según lo indicado por Noemí Cruz, vocera de Greenpeace en Salta, "no hubo respuesta".
