Se trata de una tasa de “Seguridad de la Aviación” que se cobra en los pasajes para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que había sido aprobado en octubre de 2022.
La iniciativa fue presentada por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y tiene como objetivo, según consta en los fundamentos del texto, “derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad de un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos”.
El senador nacional luego detalló: “La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado y, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero’”.
Romero también dijo que “sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado”.
