Cabe aclarar que recién en 2019, la justicia federal reconoció los abusos como delitos de lesa humanidad y desde ese entonces continúa con su lucha.
De acuerdo a la publicación de InfoSalta, Omar Ricardo Subia, de ocho años de edad; Pablo Andrés Gramaglia y Pedro Román Salva, de nueve; Hugo José López, de 11, y Félix Nicolás Salva, de 12 años el 18 de julio de 1981 jugaban a metros de sus hogares del barrio Hernando de Lerma cuando pasadas las 19 fueron rodeados y secuestrados por el ex Comisario y ex Jefe de Policía Gabriel Giménez.
Para el uniformado los niños "eran supuestos terroristas y responsables de generar el terror en la provincia".
Las víctimas permanecieron detenidos durante 10 días. Tras ser llevados a la comisaría fueron azotados durante 20 minutos y luego informados que los acusaban de ser los autores de quemar varios coches. Ninguno de ellos podía confesar el hecho ya que desconocían lo ocurrido, como bien sabían sus torturadores.
Al cabo de 30 minutos del rapto, los llevaron a la Brigada de Investigacio-nes, dónde estuvieron detenidos 10 días, y también fueron torturados. El primer día Pedro, que entonces tenía 9 años, fue llevado en andas por un policía a un baño donde lo sometieron a torturas, hundieron su cabeza en un balde con agua fría ahogándolo. Los siguientes días todos los niños fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, los ponían contra la pared y les gatillaban armas. También, entre otros vejámenes que relatan era la de "buscar petróleo", obligándolos a andar en cuclillas y comer tierra.
El segundo día se les sumó José, entonces de 12 años, detenido fuera del comercio donde ayudaba a su tío. También José fue golpeado y torturado y también estuvo en la Brigada.
La crueldad de policías y operadores del sistema judicial, como el entonces juez Fernando Marinaro, no concluyó ahí. Tras violentarlos de todas las formas posibles, los institucionalizaron derivándolos a distintos centros de menores.
Omar Ricardo Subia fue enviado a un Instituto de Menores Cerrillos; Pablo Andrés Gramaglia y Pedro Román Salva, a otro de La Merced, mientras que los mayores, Hugo José López, y Félix Nicolás Salva, fueron internados en San Lorenzo.
Tiempo después, cuando lograron salir, quedaron, como pasó con Pedro y su hermano Félix, en libertad condicional y por las mañanas debían asistir a una guardería y por la tarde a clases, y todos los meses debían entregar en la Jefatura de Policía las certificaciones que lo demostraran.
La perseverancia de Pedro Salva tuvo algunos avances, como la imputación de policías responsables de las torturas, pero la falta de capacidad para enfrentar el juicio ha dejado el proceso estancado.
El Estado hasta el momento, no reconoció su responsabilidad y ni emprendió acciones concretas para reparar el daño causado a estas víctimas inocentes.
Los diarios dijeron
El 25 de julio de 1981, un matutino local informó que “habrían sido detenidos los incendiarios de automotores” y que: “Los jóvenes delincuentes contarían con edades oscilantes entre los 8 y 12 años, pese a que uno de los vecinos vio cuando intentaron incendiar su rural e informó que eran tres personas adultas.
Salva consideró que Fernando Marinaro, Juez de Menores en Feria, también debió ser investigado, porque convalidó la tortura que sufrieron.
