En primera instancia el planteo fue rechazado señalando que el hombre no había incurrido en incumplimientos de las obligaciones asumidas. La apelación fue presentada por el propio hombre señalando que el banco con el que contrajo los préstamos debita automáticamente el monto de las cuotas lo que provocó que hasta el momento no hubiera incumplido con los pagos.
Pero cada vez que el banco le descuenta la plata, no le queda al hombre dinero en mano para vivir. Los descuentos que realiza la entidad bancaria corresponden al pago de la tarjeta de crédito y por las cuotas de los préstamos personales obtenidos. Estos descuentos obstaculizan –dijo- el pago de servicios básicos y productos para su subsistencia y la de su familia.
En consecuencia comenzó a financiar la adquisición de productos de consumo con la tarjeta de crédito con la que también comenzó a pagar impuestos. Y cuando no le alcanzó para pagar la tarjeta optó por pagar el mínimo de cada resumen lo que agravó su situación pues se sumaron intereses a la deuda de la tarjeta lo que provocó que el banco le otorgara un crédito para pagar esta deuda.
La quiebra por pedido propio está contemplada en el tercer supuesto del artículo 77 de la Ley 24.522.
En el caso, es el propio deudor quien solicitó se declare su propia quiebra para poder superar el estado de desequilibrio económico.
Las juezas María Inés Casey y María Silvina Domínguez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial señalaron que en el caso se encuentra en discusión la configuración del requisito objetivo, esto es el estado de cesación de pagos.
La cesación de pagos es el estado de impotencia patrimonial para satisfacer con medios regulares las obligaciones inmediatamente exigibles. Sus notas características son la permanencia y la generalidad.
El artículo 78 dispone que el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir.
Problema familiar
Por un problema familiar el hombre a mediados de 2.021 recurrió al préstamo bancario, sin haber podido acceder a una refinanciación acorde a su sueldo. Y sin plata en mano siguió endeudándose, incluso en otras entidades.
Para las juezas la situación encuadra en el “sobreendeudamiento del consumidor”. Citaron que “La Constitución, al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una interpretación coherente del principio protectorio, que en el caso se refiere, concretamente, al problema del "sobreendeudamiento", que es la manifiesta imposibilidad para el consumidor de buena fe de hacer frente al conjunto de deudas exigibles”.
Consideraron entonces que en el caso “se encuentra configurado el requisito objetivo que habilita a la apertura del procedimiento falencial solicitado por el apelante.”
Al momento de presentar su pedido de quiebra voluntaria el hombre argumentó adeudar dos millones de pesos al banco cuyo cumplimiento le consume el 56 por ciento del total del sueldo que percibe y el saldo restante lo consumen los vencimientos de la tarjeta de crédito. Y para afrontar este desequilibrio sigue tomando nuevos créditos lo que hace que el endeudamiento sea insostenible.
