Para Saravia “existe un conflicto de poderes” entre las funciones que hoy tiene el Ente y la figura del secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, por las competencias para determinar variaciones tarifarias en los servicios públicos y su facturación.
Este adelanto sobre el planteo judicial, se tomó tras el conflicto por los aumentos de Lusal que cobra a través de las boletas de Edesa y que consideró arbitrarios.
“Un municipio pregona determinado tipo de prerrogativa que estaría colisionando con las que ejerce en este caso un ente público y por eso entendemos que tiene que intervenir la justicia”, sostuvo el presidente del organismo provincial.
Saravia adelantó a Nuevo Diario que en las próximas 24 horas emitirán un acto administrativo que instruirá a los apoderados del Ente, a concretar el planteo judicial para elevarlo a la Corte de Justicia, lo que dará “certidumbre” a los conflictos y evitará que los mismos se mediaticen.
Intromición indebida
“Acá lo que tenemos que tener es seguridad jurídica y no un funcionario que se niega porque se niega”, sostuvo sobre las acciones de Nallar en torno a los servicios públicos y decisiones de impacto en las tarifas.
El municipio realizo reclamos formales hacía el Ente Regulador, afirmando que la dependencia estatal realiza “intromisión indebida” sobre los actos administrativos que se dictaron.
Por su parte, el Ente respondió que desde la Municipalidad se inmiscuyeron y tomaron decisiones de hecho sin pedir autorización para determinar el aumento tarifario de Lusal y que se cobra a través de la boleta de luz.
El rol de los concejales
Saravia afirmó que la Municipalidad se niega a enviar o responder al Concejo Deliberante sobre todos los convenios que tiene firmados con Edesa para autorizarlos, según marca el artículo 22 de la Carta Orgánica Municipal que atribuye esta potestad tributaria a este cuerpo legislativo municipal.
Los convenios establecen que Edesa se lleva un porcentaje de la recaudación que forma parte de los tributos, por lo que el presidente consideró que es necesario la intervención del CD.
Por otro lado Saravia cuestionó a los ediles porque sostiene que le aprobaron el organigrama municipal, lo que le dio “superpoderes a Nallar en materia de contratos a un secretario legal y técnico”; algo que calificó como "insolito".
“Esto claramente el Concejo lo puede revertirlo, si mañana lo quieren esterilizar, le sacan la competencia y al consultarle porque no lo hace, respondió: "Bueno eso es algo que tendrán que contestar ellos”, subrayó Saravia.
¿Cómo quedó el convenio con Lusal?
Saravia confirmó que tanto Lusal como Edesa presentaron un nuevo convenio para ser autorizado por el Ente que “mejora casi todos los aspectos que hacen a la cuestión regulatoria del Ente”.
El directorio deberá evaluar dicho boceto, aunque el titular de la dependencia provincial sostuvo que es posible que con estas modificaciones vuelvan a cobrar a través de las boletas.
Amenaza de demanda a la Comuna
En la última reunión que tuvieron representantes de las empresas involucradas, concejales y funcionarios municipales con el Ente, Saravia comentó que desde Lusal advirtieron que no podrían “ejecutar el convenio que tiene de concesión si no es por el intermedio de la factura de luz”.
“Ó sea, lo que nos ha dicho es que si se cambian las reglas del juego, nos vamos y hacemos una demanda al municipio. Tenemos que tener prudencia, porque cada vez que demandan al municipio lo pagan los contribuyentes”, indicó Saravia.
“Nosotros no tendríamos que estar defendiendo más que la Municipalidad sobre sus intereses, pero así está ocurriendo hoy”; acotó.
El nuevo convenio establece que se podrán separar las boletas (vendrán juntas igualmente) para pagar por diferenciado ambos servicios (luz y alumbrado público).
En la factura quedará escrita la fecha de vencimiento, la categoría que tenga el usuario, cualquier tipo de mora o cálculo de intereses y un número de atención para reclamos de Lusal.
Además se obligan a publicar los valores tarifarios cuando hayan modificaciones por un medio de circulación masiva y a remitir mensualmente al Concejo Deliberante un informe sobre el desarrollo y ejecución de lo que es el convenio.
