El Proyecto de Ley con media sanción modifica el artículo 9° de la Ley 7.658, Programa de Regularización Dominial y Asistencia Para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales.
De esta forma se suspende hasta el 31 de diciembre de 2.024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial.
La ley tenía un vencimiento a diciembre de este año, por lo que la acción de las cámaras legislativas era vital para evitar el accionar de desalojos de pequeñas familias en zonas rurales.
El programa surgió como una respuesta a una serie de juicios que iniciaron privados para desalojar familias agricultoras asentadas en terrenos desde hace una gran cantidad de años pero que no poseían la titularidad dominial de las tierras.
La ley preveía que debía conformarse una Unidad Ejecutora Provincial encargada de avanzar en los relevamientos y en regularización dominial de los productores median asistencia técnica y jurídica. Pese a la antigüedad de la ley (2010), fue recién durante la gestión de Gustavo Sáenz que esta unidad entró en vigencia bajo la tutela de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas.
Durante el primer año de funcionamiento, se inició un registro provincial al cual se inscribieron 765 pequeños productores; se completaron 1.261 fichas de relevamiento validadas por GPS y 3.000 fichas de familias que fueron relevadas.
En materia de asesoramiento jurídico se alcanzó a más de 450 familias de pequeños productores, de los cuales existían 45 casos judicializados, habiendo impulsado el primer acuerdo de tierras fiscales en el lote fiscal 21, que representará 6.000 hectáreas a entregar en conjunto a criollos y originarios; otro de 1.000 hectáreas en el lote fiscal 16 y un tercero de 21.000 hectáreas en el lote fiscal 20, todos en el Norte provincial.
- Informe de la UEP a la Cámara de Senadores.
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La prórroga se impulsó desde la banca del senador Miguel Calabró y fue tratada por sus pares de la cámara baja en la jornada de ayer, recibiendo un acuerdo casi unánime con el voto en contra de 4 legisladores.
El debate
La oposición que encabezaron los bloques del PRO (Sofía Sierra y José Gauffin) y Ahora Patria (Griselda Galleguillos y Roque Cornejo) argumentaron en contra del proyecto sosteniendo que tiene principios “anticonstitucionales”, solicitando que no se avance con la medida.
Legisladores de distintas bancadas, en especial del interior provincial, cuestionaron el posicionamiento opositor y cruzaron durante sus alocuciones a los diputados que en su mayoría son de la capital salteña.
Uno de los más contundentes fue Rogelio Segundo que en dialogo con Nuevo Diario cuestionó la falta de información de los pares opositores en la temática.
“Lo que pasa es que la gente de la ciudad no es como nosotros que estamos en el campo, lo vivimos con la gente. No estamos dentro de una oficina, andamos dentro del pueblo. Dijeron que es inconstitucional, eso es algo grave, ridículo, por eso yo creo que hay gente que dice cosas que quizás no lo saben”, sostuvo el legislador del Departamento Rivadavia.
Y añadió: “Si no saben la información, vayan a la unidad ejecutora. Nosotros como diputados tenemos esa potestad. Entonces si no saben de la información, está desinformado, ¿por qué? Porque ni te preocupas de la gente”.
