Rueda expresó, en diálogo con Nuevo Diario, que el proceso se inició tras la sanción de la Ley de Identidad de Género cuando empezó los cambios en sus documentaciones en todos los ámbitos: educativos, laborales y de salud.
“Con ese dato me quedaba pendiente hacer el registro de Salta que lo único que tenía era el bautismo, la comunión y la confirmación. Cuando voy a Salta en uno de esos años, inicio el pedido. Voy a la parroquia en la que me bautizaron y me dicen esto hay que hacerlo por nota, pero no a nosotros, sino al Arzobispado salteño. Esto era 2018”, indicó.
Cuando realizó dicha nota hacia el Arzobispado, la primera respuesta fue “brutalmente excluyente”. “Lo que dice es exclusivamente que el derecho canónico desconoce las ficciones jurídicas de los hombres. Esto fue tan lesionante para mí, en el sentido de que lo viví como realmente un agravio”, comentó.
Ante esa respuesta, comenzó el reclamo civil por el reconocimiento de su identidad. A ello, se le sumó el reclamo por el acceso público de los libros de bautismo, donde no solo figuraba con su nombre anterior sino que también, de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, los datos “están prohibidos para publicidad excepto por orden judicial”.
“Voy al ámbito judicial haciendo el pedido de habeas data, protección de mis datos personales y además, por supuesto, de rectificación de los documentos a mi nombre y mi género. Bueno, todas las instancias judiciales desde iniciado el expediente, en 2018, han rechazado esta situación y me han llevado a seguir el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia. El expediente entró en 2019 y hasta la semana pasada, estuvo cuatro años esperando la respuesta en varios temas”, dijo.
El reclamo que llegó a la Corte Suprema incluía un pedido de audiencia pública acompañado por más de 40 organizaciones sociales de América Latina que buscaban poder expresar sus voces como personas de la comunidad LGBT y también de la comunidad cristiana. Sin embargo, no se dio lugar a esa posibilidad.
Sumado a ello, el expediente fue filtrado y publicado en la revista El Derecho de la Universidad Católica Argentina, violando la reserva de la información allí vertida, lo que constituye un delito. La causa por esa filtración está en paralelo y aún sin avances.
“Todo el recorrido judicial fue agraviante, no solo a mi identidad a través de los rechazos, sino que esta sentencia, este fallo de la Corte Suprema, viene también a ratificar la enorme vulneración de derechos que vivimos las personas trans cuando no se respeta nuestra identidad de género dentro de todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, las instituciones católicas”, manifestó.
En cuanto al fallo que rechazó el reconocimiento a su identidad, explicó: “El fallo lo que dice es, en particular, que no hay discriminación, que cuando no se respeta la identidad de género de las personas no es discriminatorio, mientras se constituya dentro del espacio del dogma católico. Y para justificar que la iglesia católica puede nombrarme como quiere, puede vulnerar mis derechos, puede generar discursos de odio, sin cometer ningún delito según la Corte Suprema Argentina, porque existe una ley de la dictadura del año 66, que es la del concordato, que habilita esferas independientes entre iglesia católica y Estado”.
En ese sentido, consideró que el fallo es uno “de los más regresivos”, vulnerando toda una plataforma de derechos gestados y aprobados en democracia y dando un “claro mensaje favorable” a los sectores “más retrógrados” de la sociedad.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos, juristas internacionales, entre otros numerosos espacios.
Ante la situación, la causa avanzara a instancias judiciales internacionales. “Yo no puedo colgar mi identidad de género al momento de entrar en una iglesia, pero tampoco puedo aceptar ir a un espacio religioso que vulnera mis derechos más fundamentales, bajo la interrogativa de que, como son parte del dogma, no constituyen actos discriminatorios. Por todo ello, vamos a ir a instancias internacionales a denunciar a nuestro país, a la Corte Suprema, por este fallo vergonzoso que tira abajo años de construcción de la democracia”, sostuvo Rueda.
