El argumento de este pedido es el actual contexto inflacionario y la disminución de la actividad económica, según indicaron.
De este modo, en la misiva, las partes formalizaron su inquietud frente al acuciante presente social y económico, sobre el que se expidieron y remarcaron que: “se encuentran directamente afectados por la compleja situación económica que atraviesa el país”.
Asimismo, apuntaron a que: “Es evidente que el reciente proyecto de ‘moratoria’ presentado por el Poder Ejecutivo Nacional generó expectativas de alivio en este sector, las cuales se vieron frustradas al retirarse del tratamiento parlamentario para su análisis conjunto con las reformas impositivas”. Frente a estos cambios, es que tomaron la determinación de solicitar se adopten medidas coordinadas con la Administración Federal de Ingresos Públicos para suspender cualquier actividad judicial relacionada con juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares, ante la reanudación de la actividad judicial.
“Esta suspensión sería crucial para evitar agravar la situación de los contribuyentes hasta que se cuente con un régimen de regularización acorde a las actuales circunstancias”, subrayaron.
Asimismo, consideraron pertinente “priorizar el tratamiento de temas como la moratoria y el blanqueo, postergando las modificaciones impositivas para una etapa posterior que permita un estudio más detallado y un intercambio de opiniones al respecto”, cierra el documento con la firma de los representantes de Contadores y empresarios salteños.
