El ministerio que hoy conduce Victoria Tolosa Paz a nivel nacional, inició una auditoría en septiembre del 2022 tras detectar irregularidades en 250.000 personas que no cumplían los requisitos para haber cobrado el plan.
La información tomó repercusión tras un artículo del medio Infobae donde daban cuenta de las irregularidades que se habían detectado.
Tras ello, el ministerio ordenó una auditoria donde todos los beneficiarios debían llenar un formulario de actualización de datos que luego se cruzarían con una base de información que proporcionen otras dependencias estatales como la ANSES o la AFIP.
Los beneficiarios del programa tenían hasta mediados de enero para llenar el formulario, fecha en la que se produjo el primer corte y se suspendió el pago del plan a aquellas personas que no hayan llenado el formulario. En Salta, la cantidad de suspensiones alcanzó al menos a 5.000 personas.
Ante esto, la Unidad Piquetera y demás movimientos sociales iniciaron un plan de lucha que incluyó cortes de ruta y manifestaciones en todas las provincias reclamando la reapertura de los formularios que se llenaban de manera online.
Por el conflicto, se resolvió poner una nueva fecha hasta el 15 de marzo del 2023 para que las personas que tienen el plan y fueron suspendidas, puedan llenar el formulario.
Arroyo sostuvo que se habilitaron puntos digitales y la atención presencial en distintos organismos estatales, a fin de responder al reclamo que habían tenido los movimientos sociales por no contar con conectividad que permitiera a todos los beneficiarios llenar el formulario.
A raíz de ello se prevé que al menos 4.000 de los salteños afectados pudieron cumplir con la auditoria y tienen la posibilidad de volver a cobrar en abril.
Las personas que no realizaron este paso (unas 1.000) perderán el beneficio definitivamente y no podrán darse de alta nuevamente ya que existe una disposición nacional que congela las altas en el programa.
Sin embargo, estos salteños que volverán a cobrar en abril todavía no tienen asegurada su continuidad en el programa ya que aún falta conocer el resultado del cruce de datos aplicados para sus casos.
Cabe destacar que el Potenciar Trabajo es un programa de empleo nacional que prevé un pago de $33.870 mensuales ($34.750 desde abril) que como requisito exige un certificado de negativa de ANSES donde no se registren ingresos beneficios formales (tales como obra social) y una contra prestación de lunes a viernes de 4 horas por día en unidades de trabajo habilitadas por la cartera ministerial.
Estas unidades están controladas por las organizaciones sociales, que son quienes deben controlar que los beneficiarios cumplan con la contra prestación para acceder al cobro el mes que viene.
