La Ley 7.658 estipula el Programa de Regularización Dominial y Asistencia Para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales y se vencía en diciembre de este año. El Senado, por iniciativa del legislador Miguel Calabró, dio media sanción a la modificación del artículo 9 de la norma para prorrogarla hasta el 31 de diciembre del 2024.
Calabró, en diálogo con Nuevo Diario, comentó que decidieron prorrogar para continuar el trabajo que se realiza hace un año desde la Unidad Ejecutora Provincial, a cargo de Milagros Patrón Costas, que cumplen el rol de acompañar a los productores en particular en aquellos departamentos de mayor conflicto como San Martín y Rivadavia.
Hasta esa fecha, quedarían suspendidas las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de las tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores.
Sin embargo, trascendió que el proyecto no tendría el total acuerdo de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Puntualmente desde la Comisión de Legislación General habrían mostrado críticas hacia lo que fue la media sanción que realizó el senado.
Los productores se sintieron traicionados
Los pequeños productores del Chaco Salteño, beneficiarios de la Ley, afirmaron que se sintieron “traicionados” tanto por Calabró como por la Unidad Ejecutora Provincial, ya que afirmaron se les había prometido que la prórroga sería por 4 años.
Daniel Burgos, referente de la Asociación Guardianes del Monte, si bien destacó que Calabró fue el único que atendió la demanda de las organizaciones ante el vencimiento de la prórroga, señaló que le pidieron ser convocados cuando se tratara el proyecto.
“No nos dieron la oportunidad de explicar, porque se llevan por lo que dicen las autoridades, y no por los verdaderos damnificados, que somos los criollos y familias campesinas”, dijo.
